La jornada de huelga general celebrada en España dejó protestas multitudinarias, enfrentamientos y denuncias de violencia policial, lo que llevó a varios partidos de izquierda a exigir la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por su responsabilidad en el operativo de seguridad.
Durante las movilizaciones, realizadas en 85 ciudades, centenares de miles de personas reclamaron soluciones a la crisis de vivienda, mejores salarios y medidas para contener el incremento de los precios. Sin embargo, en distintos puntos del país, como Madrid, Alicante, Barcelona y Castellón, se denunciaron intervenciones violentas de agentes antidisturbios contra manifestantes, sindicalistas y periodistas.
Entre los episodios señalados se encuentra el ocurrido en la Gran Vía de Madrid, donde policías rociaron gas pimienta a corta distancia contra jóvenes que bloqueaban la avenida. También se investigarán actuaciones en las inmediaciones de la Universidad de Alicante y frente a un establecimiento comercial en Castellón.
En Barcelona, algunos grupos protagonizaron actos violentos contra comercios y provocaron incendios en contenedores, vehículos y establecimientos de lujo. Al cierre de la jornada se reportaron 52 personas detenidas y 35 agentes policiales heridos.
Las denuncias contra el despliegue policial provocaron cuestionamientos de distintas fuerzas parlamentarias. Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Podemos y el Frente Amplio, nueva marca electoral de la coalición Sumar, reclamaron la salida del ministro Grande-Marlaska. El PSOE y EH-Bildu fueron las excepciones entre los grupos de izquierda que respaldaron esa exigencia.
Ante las críticas de sus aliados parlamentarios y de integrantes del propio Ejecutivo, el Ministerio del Interior anunció la apertura de una investigación sobre las actuaciones policiales y la prohibición del uso de gas pimienta en este tipo de operativos.
En paralelo a las movilizaciones, el gobierno del presidente Pedro Sánchez consiguió aprobar un decreto en materia de vivienda durante la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados. La medida contempla la suspensión de desahucios para personas en situación de vulnerabilidad hasta 2030, límites a los alquileres de temporada y una prórroga obligatoria de los contratos de arrendamiento de hasta dos años.
El decreto, aprobado inicialmente por el Consejo de Ministros el pasado 6 de octubre, había sido rechazado previamente por el Congreso. Su aprobación se concretó mediante la Diputación Permanente, órgano que ejerce funciones legislativas durante los periodos en que las cámaras no están reunidas.
Deja una respuesta