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Colectivos trans y defensores de derechos humanos bloquearon este lunes el Periférico Norte y marcharon hacia el Palacio Municipal de Naucalpan para exigir justicia por Michelle Cano Hernández, mujer trans de 34 años que denunció haber sido torturada y agredida sexualmente por elementos de la Guardia Municipal durante una detención arbitraria.

De acuerdo con un video difundido en redes sociales, Michelle relató que la madrugada del sábado, al intervenir en defensa de un joven que estaba siendo arrestado cerca del Metro Cuatro Caminos, fue golpeada por policías municipales —hombres y mujeres—, quienes la subieron por la fuerza a una patrulla. En el trayecto, según su testimonio, la llevaron a una zona aislada detrás de unas fábricas en la colonia San Francisco Chimalpa, donde la torturaron.

“Me picaban los senos, me jalaron del cabello, me dieron toques eléctricos en los genitales y me golpeaban mientras me decían que yo no era una mujer”, narró entre lágrimas. También denunció que fue amenazada de muerte si hacía público el caso, y teme por su vida y la de su familia.

Los manifestantes señalaron la omisión del gobierno de Naucalpan, encabezado por el alcalde Isaac Montoya Márquez, al no emitir ningún pronunciamiento oficial más de 24 horas después de que se viralizó la denuncia. La protesta llegó hasta las oficinas de la Guardia Municipal y las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Violencia de Género.

Cabe recordar que Naucalpan se encuentra desde 2015 bajo declaratoria de Alerta de Género, lo que implica una obligación institucional de atender y prevenir la violencia contra las mujeres y población LGBTIQ+. Sin embargo, colectivos acusan que la violencia persiste y los mecanismos de prevención no han sido efectivos.

La comunidad exige justicia, castigo a los responsables y garantías de no repetición. “No queremos más capacitaciones simuladas ni más discursos. Queremos que se respeten nuestros derechos y que se acabe la tortura institucionalizada”, señalaron.

Ángel Macías Barba, leyenda del deporte mexicano, falleció este domingo a los 80 años. Su nombre quedará grabado en la historia gracias a una hazaña que, en 1957, transformó la percepción del beisbol y del potencial deportivo de México en el mundo: a los 12 años, Macías lanzó el único juego perfecto en una final de la Serie Mundial de Ligas Pequeñas, guiando a la Liga Industrial de Monterrey a una victoria de 4-0 sobre el equipo de Estados Unidos en Williamsport, Pennsylvania.

Aquel 23 de agosto, Macías mostró un temple extraordinario para su edad. Dominaba la loma con una capacidad inusual: podía lanzar tanto con la derecha como con la izquierda, y supo sobreponerse a momentos críticos, como cuando enfrentó un conteo de tres bolas sin strike en la sexta entrada y terminó ponchando al bateador que definió el partido.

La proeza no solo rompió el dominio estadounidense en el torneo —hasta entonces exclusivo para equipos de ese país—, sino que inspiró a generaciones enteras de peloteros mexicanos y fue llevada incluso al cine por lo épico del recorrido hacia el campeonato, lleno de obstáculos y momentos dramáticos.

Posteriormente, Ángel Macías tuvo una carrera profesional en el beisbol, participando en la Liga Mexicana y en la Liga del Pacífico. Su legado va más allá de los números: es símbolo de que la grandeza no tiene edad, y de que los sueños también se escriben con guante y pelota.

La American Society of Mexico prevé que únicamente un 15% del comercio total entre México y Estados Unidos —el que no está cubierto por las reglas del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)— podría enfrentar aranceles de hasta un 30%, mientras que el resto permanecerá protegido por el acuerdo comercial.

Durante la presentación de un informe tras su misión en Washington, Larry Rubin, presidente de la organización, aseguró que todas las mercancías que se rigen bajo el T-MEC continuarán libres de aranceles a partir del 1 de agosto. Subrayó que el tratado seguirá siendo el eje central de la relación trilateral y que se está trabajando en mecanismos para incorporar al acuerdo los productos aún excluidos.

Rubin reconoció que el tema de los aranceles está ligado al de la seguridad, una combinación que, aunque no es deseable para el sector empresarial, seguirá presente en las negociaciones con la administración del presidente Donald Trump. Señaló que algunos sectores, como el jitomate, seguirán siendo objeto de diálogo, mientras que las negociaciones en rubros como acero y aluminio se anticipan más complejas, pese a que México mantiene una fuerte integración en las cadenas de valor de estas industrias.

De cara a la revisión técnica del T-MEC prevista para 2026, Rubin advirtió que Trump ha sido claro en su intención de renegociar ciertos términos del tratado. No obstante, destacó que el enfoque ahora es regional, no bilateral, y que el sector empresarial de los tres países debe mantener una postura unificada para proteger los intereses compartidos.

Sobre la posibilidad de que México se acerque a los países del bloque BRICS —Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica—, Rubin recomendó mantener distancia, particularmente de Rusia y China, considerados antagonistas geopolíticos de Estados Unidos. Aunque el acercamiento fue promovido por Brasil, subrayó que México debe cuidar su posición estratégica ante su principal socio comercial.

Como parte de la estrategia estatal para modernizar el transporte público, el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, realizó este lunes una visita de supervisión a la planta Volvo-Marcopolo, donde se fabrican nuevas unidades de transporte de alta calidad, ensambladas completamente en el estado con mano de obra y proveeduría local.

Durante su recorrido por las áreas de laminado, ensamblaje y acabado, acompañado por Lucas Gabardo, director de Marcopolo México, el mandatario destacó que en los primeros tres años de su gobierno se han adquirido ya mil 800 camiones y 400 unidades eléctricas tipo TransMetro.

García Sepúlveda adelantó que su administración planea adquirir otras 2 mil unidades antes de concluir el sexenio, en su mayoría construidas en Nuevo León, comenzando con un pedido confirmado de 300 camiones adicionales a la alianza Marcopolo-Volvo.

“La meta es que a partir de ahora, todos los camiones que se incorporen al sistema de transporte de Nuevo León sean diseñados y fabricados aquí mismo, como una inversión continua en beneficio de nuestra gente”, afirmó.

Añadió que estos vehículos están equipados con tecnología de punta: motores con bajas emisiones, accesibilidad para personas con discapacidad y adultos mayores, aire acondicionado, internet Wi-Fi gratuito, GPS conectado al C5 y cámaras de seguridad. También anunció que la Fuerza Civil realizará operativos aleatorios a bordo de camiones y vagones del Metro como parte de una nueva estrategia de seguridad pública para brindar mayor tranquilidad a los usuarios.

El gobernador subrayó que actualmente Nuevo León cuenta con la mejor corporación policial del país y que gracias al trabajo conjunto con autoridades federales y municipales, la entidad ha registrado una disminución sostenida en delitos de alto impacto.

“Julio será el mes con los mejores resultados en seguridad de los últimos ocho años. Hemos logrado reducir estos delitos en un 90 por ciento. Tenemos agua, aire limpio y solo faltaba mejorar la movilidad, porque Nuevo León no deja de crecer”, señaló.

Por su parte, Lucas Gabardo reconoció la calidad de la mano de obra mexicana, destacando que más del 90% del contenido de las unidades es de origen nacional. “Es trabajo de mexicanas y mexicanos comprometidos con este proyecto. En Marcopolo apostamos por la proveeduría local, lo cual garantiza un producto hecho en y para México”, dijo.

Pablo Muciño, director comercial de Marcopolo México, detalló que las unidades corresponden al modelo Torino Low Entry de 12 metros, con rampas para personas con discapacidad, espacios para sillas de ruedas y sistemas de videovigilancia integrados.

Al evento asistieron también el director de Metrorrey, Abraham Vargas; José Francisco López, de Caintra; Jorge García, de Volvo; y los diputados locales Mario Salinas, Armando Víctor Gutiérrez y Marisol González.

Vecinos del municipio de Coyotepec bloquearon este jueves el camino a Las Ánimas como medida de protesta contra la construcción de nuevas bodegas de Centros de Distribución (CEDIS) en la región, que según denuncian, ha provocado un aumento de tráfico de carga pesada, deterioro de las vialidades, inseguridad y caos en la movilidad local.

Con pancartas que decían “No más naves industriales”, “No más tractocamiones”, “No más hoyos viales” y “No más abusos”, los manifestantes acusaron a las autoridades estatales y municipales de autorizar la instalación de estos centros logísticos sin consultar a la comunidad ni prever el impacto en la infraestructura urbana.

La avenida Las Ánimas, utilizada por cientos de automovilistas como ruta alterna a la autopista México–Querétaro, soporta ya una pesada carga vehicular diaria, misma que ha incrementado con el paso constante de vehículos pesados. Los colonos señalaron que el pavimento no está diseñado para soportar este tipo de tránsito, lo que ha generado baches, daños estructurales y mayor riesgo de accidentes.

Además, los habitantes expresaron su preocupación por la construcción autorizada de un nuevo CEDIS en la carretera Santa Bárbara, rumbo a Coyotepec, lo que anticipan agravará aún más las condiciones de vida en la zona.

La protesta coincide con otro bloqueo parcial sobre la autopista México–Querétaro a la altura de Tepotzotlán, encabezado por la Alianza de Autotransportistas, Comerciantes de México (ACME), quienes exigen justicia por el secuestro de uno de sus compañeros en Jilotepec.

El crecimiento de centros logísticos en municipios como Tepotzotlán, Cuautitlán Izcalli, Cuautitlán, Huehuetoca, Teoloyucan y Coyotepec ha generado una ola de inconformidad ciudadana ante la falta de planeación urbana y de límites a la expansión industrial.

Por su parte, la alcaldesa de Cuautitlán, Juana Carrillo Luna, también reiteró esta semana su rechazo a la instalación de un CEDIS cerca de la estación del Tren Suburbano, por su impacto negativo en la movilidad y la calidad de vida de los residentes.

Los vecinos de Coyotepec han anunciado que mantendrán su resistencia hasta que las autoridades frenen la expansión de estos proyectos sin consulta ciudadana ni evaluación de impacto vial y ambiental.

Una corte federal de apelaciones en San Francisco declaró inconstitucional la orden del expresidente Donald Trump que buscaba eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos. El fallo del Noveno Circuito, con una votación de 2-1, ratifica la decisión previa de un tribunal de distrito que bloqueó la implementación de la orden a nivel nacional.

La mayoría del panel concluyó que la iniciativa de Trump violaba claramente la Constitución al negar la ciudadanía a niños nacidos en suelo estadounidense de padres migrantes en situación irregular o con estancia temporal. “La interpretación propuesta de la orden ejecutiva es inconstitucional. Estamos completamente de acuerdo”, señala el fallo.

El primer juez en frenar esta medida fue John C. Coughenour, en Seattle, quien criticó duramente el intento del gobierno por “ignorar la Constitución para beneficio político”. Este es el primer pronunciamiento de una corte de apelaciones sobre el tema, lo que deja el camino abierto para que el caso eventualmente llegue a la Suprema Corte.

Ofensiva migratoria se intensifica

Simultáneamente, la administración Trump ha impulsado nuevas medidas para acelerar deportaciones. CNN reveló que agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) recibieron instrucciones para preguntar a menores migrantes no acompañados, de entre 14 y 17 años, si desean abandonar el país voluntariamente. Si los adolescentes aceptan, serán transferidos al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para ser deportados. Si no, pasarán a la custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos.

En otro frente, el ICE planea colocar monitores electrónicos en el tobillo a miles de migrantes adultos bajo su programa de Alternativas a la Detención. De los 183 mil migrantes actualmente inscritos, solo 24 mil portan estas tobilleras. Un memorando interno fechado el 9 de junio instruye al personal a usar los dispositivos “siempre que sea posible”.

Además, el Departamento de Justicia presentó una demanda contra la ciudad de Nueva York por sus políticas de “ciudad santuario”, acusándola de obstaculizar la aplicación de leyes migratorias federales. La denuncia de 37 páginas, presentada en un tribunal federal de Brooklyn, señala al alcalde Eric Adams y a otros funcionarios como responsables de estas políticas.

Finalmente, en medio de la operación “Estrella Solitaria” desplegada en Texas, el ICE informó que un miembro de la Guardia Nacional fue declarado culpable de contrabando de migrantes hacia EE.UU., revelando posibles fisuras dentro del propio aparato de control fronterizo.

Las recientes acciones de la administración Trump —aunque ya fuera del poder— continúan generando efectos legales, controversia política y resistencia en tribunales, mientras el debate migratorio se mantiene en el centro de la agenda nacional.

Un hombre originario de Colombia, identificado como Sebastián “N”, fue detenido este jueves por elementos de la Policía de Santiago, Nuevo León, tras ser señalado como presunto integrante de una red dedicada a préstamos informales con cobros excesivos, bajo el esquema conocido como “gota a gota”.

La detención ocurrió en la zona de “Las Banquitas”, en la delegación de El Cercado, luego de que vecinos reportaran a un individuo alterando el orden en la vía pública. Al arribar al sitio, los oficiales interceptaron al joven de 25 años, con residencia en el municipio de Allende, pero sin documentación que acreditara su estancia legal en el país.

Por tal motivo, fue puesto a disposición del Instituto Nacional de Migración (INM), con sede en Guadalupe, donde se analizará su situación migratoria y se determinará si procede su retorno a Colombia.

Según las primeras indagatorias, Sebastián “N” estaría vinculado a una célula de ciudadanos colombianos que operan bajo el esquema “gota a gota”, modalidad que consiste en ofrecer préstamos rápidos con intereses elevados y pagos diarios, lo que genera un ciclo de endeudamiento difícil de romper para comerciantes y familias, además de estar asociado a prácticas de presión e intimidación.

La Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Santiago exhortó a la población a denunciar si han sido víctimas de esta práctica o si tienen información sobre otras personas involucradas. Las autoridades ofrecieron orientación legal y acompañamiento a quienes presenten su denuncia.

La alcaldía Coyoacán se posicionó una vez más entre las tres demarcaciones con menor percepción de inseguridad en la Ciudad de México, de acuerdo con la más reciente edición de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), publicada por el INEGI.

Este resultado refleja el trabajo constante de la administración encabezada por el alcalde Giovani Gutiérrez Aguilar, quien ha impulsado una estrategia integral de seguridad basada en prevención del delito, patrullajes constantes, coordinación interinstitucional y participación ciudadana.

Durante su gestión, Gutiérrez Aguilar ha fortalecido la infraestructura de seguridad con la modernización de cámaras de videovigilancia, la recuperación de espacios públicos, y la implementación de programas como “Blindar Coyoacán”, que refuerza la presencia policial en colonias estratégicas. Además, se han establecido módulos móviles de atención ciudadana y jornadas nocturnas de proximidad, lo que ha contribuido a generar un entorno de mayor confianza y tranquilidad para las familias coyoacanenses.

Gracias a estos esfuerzos, Coyoacán no sólo mejora sus indicadores de percepción, sino que se consolida como una de las alcaldías con mejor calidad de vida y mayor estabilidad en materia de seguridad en la capital del país.

La administración del expresidente Donald Trump implementó una controvertida directiva que instruía a agentes federales a preguntar a niños y adolescentes migrantes no acompañados, de entre 14 y 17 años, si deseaban abandonar voluntariamente Estados Unidos, según reportó este jueves CNN, citando a funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional.

La medida —que representa una ruptura con el protocolo establecido— se enmarca en los esfuerzos del gobierno por intensificar las deportaciones, particularmente durante operativos migratorios en todo el país. Hasta antes de esta directiva, los menores no acompañados provenientes de países distintos a México o Canadá eran remitidos directamente al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), encargado de su cuidado y protección, sin ser consultados sobre su deseo de permanecer o no en el país.

De acuerdo con CNN, el personal de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) recibió esta semana instrucciones para aplicar la medida. Si un menor acepta salir de manera voluntaria, será transferido al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para su deportación. Sin embargo, si ICE no lo recoge en un plazo de 72 horas, el menor será remitido al HHS, como ocurría antes.

La medida ha despertado preocupación entre defensores de derechos humanos, abogados migratorios y organizaciones de la sociedad civil, quienes advierten sobre el riesgo de presionar indebidamente a menores sin representación legal, en un contexto de vulnerabilidad emocional y falta de información.

Expertos señalan que esta práctica podría violar estándares legales y éticos sobre la protección de menores migrantes, quienes a menudo huyen de situaciones de violencia, pobreza extrema o persecución. Además, temen que el nuevo enfoque se utilice para acelerar deportaciones sin garantías mínimas de protección humanitaria.

Hasta ahora, ni el Departamento de Seguridad Nacional ni la CBP han emitido declaraciones públicas para aclarar los alcances y legalidad de la medida. El tema promete encender un nuevo debate sobre la política migratoria de Estados Unidos, especialmente en lo referente al trato a menores no acompañados.

La Embajada de Estados Unidos en México reveló este jueves un sofisticado esquema de contrabando de hidrocarburos conocido como “huachicol fiscal”, en el que estaría involucrado el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Según la representación diplomática, el modelo criminal consiste en robar crudo en territorio mexicano, enviarlo a refinerías en Texas, procesarlo, y luego reintroducirlo a México como combustible supuestamente legal.

A través de un video difundido en su cuenta oficial de X (antes Twitter), la embajada detalló que el crudo es transportado desde México hacia refinerías texanas, principalmente por medio de camiones o ductos clandestinos. Una vez refinado, el combustible regresa a territorio nacional por las aduanas, oculto o con documentación falsa, evadiendo controles fiscales y de seguridad.

Lo más grave del caso es que el producto terminado se vende en México sin que los consumidores conozcan su origen ilícito, lo que alimenta una red de crimen organizado con ramificaciones transfronterizas y con importantes impactos económicos, fiscales y de seguridad.

El Cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los grupos criminales más poderosos del país, fue señalado como uno de los principales beneficiarios de este esquema. Según autoridades estadounidenses, el CJNG participa en el robo, transporte y comercialización del crudo, aprovechando los vacíos legales y operativos en las rutas fronterizas.

Las autoridades mexicanas y estadounidenses ya han comenzado a aplicar sanciones y operativos conjuntos para desarticular la red. Se espera que en los próximos días se den a conocer más detalles sobre los implicados, los puntos críticos del contrabando y las posibles medidas para frenar esta modalidad delictiva que cruza fronteras y contamina el mercado energético con producto ilegal.

Este caso evidencia una nueva fase del crimen organizado en el sector energético, donde ya no sólo se roba combustible en territorio nacional, sino que se aprovechan las cadenas logísticas y fiscales internacionales para “blanquear” hidrocarburos y generar ganancias multimillonarias.