Empresarios y comerciantes del centro histórico de Coyoacán denunciaron públicamente una presunta red de extorsión orquestada desde la alcaldía, encabezada por Giovani Gutiérrez Aguilar, quien actualmente busca dar el salto a cargos de mayor relevancia política. De acuerdo con testimonios y documentos recopilados por los locatarios, las presiones y clausuras arbitrarias habrían sido dirigidas desde la Subdirección de Verificación Administrativa, a cargo de David Axell Magaña Benítez, señalado por antecedentes judiciales y vínculos de protección con el propio alcalde.
La denuncia pública toma como caso emblemático lo ocurrido a inicios de julio en el Centro Comercial San Ignacio, propiedad de la Fundación Bringas-Haghenbeck, donde todos los establecimientos recibieron citatorios ambiguos con el pretexto de preservar “la certeza jurídica” en los procesos de verificación. Lo que siguió fue una cadena de extorsiones sistemáticas: al acudir a la cita en el edificio de la alcaldía, personal exigió a los locatarios entregar sus celulares y relojes, y luego, de manera directa, les solicitaron «aportaciones» de 25 mil pesos para evitar inspecciones que derivaran en clausuras.
Ante la negativa de los comerciantes, las verificaciones sí ocurrieron, sin permitir tiempo suficiente para presentar documentación. Posteriormente, todos los locales fueron clausurados en represalia, con nuevas exigencias económicas para poder reabrir. Incluso la representación legal de la fundación intervino, logrando que se retiraran algunos sellos, pero no sin nuevos intentos de cobro informal.
El trasfondo político también pesa en la denuncia: Gutiérrez, quien no puede reelegirse como alcalde por ser su segundo periodo, aspira ahora a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México o, en su defecto, a una diputación. Según versiones internas del PAN, su fortuna proviene de contratos obtenidos durante administraciones panistas y perredistas, y no de su actividad empresarial directa, lo que explicaría su estrategia de recaudación vía el aparato administrativo.
Vecinos y afectados hicieron un llamado a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que dirige María Amparo Casar, para investigar el funcionamiento de la actual administración coyoacanense. De confirmarse la estructura denunciada, se trataría de un caso más de corrupción institucionalizada en alcaldías capitalinas, con el agravante de estar orientado a financiar aspiraciones políticas personales mediante el uso de recursos públicos y presión contra negocios locales.
