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  • Testimonio judicial vincula a Noboa y exculpa a Correa

    Una declaración judicial atribuida a Wilmer Chavarría Pipo, identificado como uno de los líderes del grupo criminal ecuatoriano Los Lobos, señala presuntas presiones para involucrar al ex presidente Rafael Correa en el asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido en agosto de 2023, al tiempo que responsabiliza al actual mandatario, Daniel Noboa, de haber ordenado el crimen.

    El documento, fechado el 5 de mayo y basado en la transcripción de una declaración videograbada de 31 minutos, corresponde a un interrogatorio realizado por la Fiscalía de Ecuador en Zaragoza, España, donde Chavarría permanece detenido en la prisión de Zuera. En la diligencia, se le consulta sobre una posible participación de Correa, del ex vicepresidente Jorge Glas y del ex presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano en el asesinato de Villavicencio, acusaciones que rechazó de manera categórica.

    Según la declaración, Chavarría aseguró residir en España desde mayo de 2022, más de un año antes del homicidio, y afirmó que se intenta responsabilizarlo por hechos en los que no tuvo participación.

    Durante el interrogatorio, sostuvo que ha sido objeto de amenazas para declarar contra Correa. Asimismo, acusó al presidente Daniel Noboa y al ministro del Interior, John Reimberg, de intentar vincularlo con actividades de narcotráfico. También aseguró que teme por su seguridad en caso de ser extraditado a Ecuador o a Estados Unidos.

    Chavarría afirmó haber recibido advertencias directas de Reimberg para que incriminara al ex mandatario ecuatoriano y señaló que dichas presiones habrían continuado incluso mientras permanece encarcelado en España. Por ello, pidió que se revisen registros de seguridad que, según dijo, podrían respaldar sus denuncias.

    En su testimonio, sostuvo además que la orden para asesinar a Villavicencio provino de Noboa, información que, aseguró, le fue transmitida por una persona cercana al actual ministro del Interior. Según su versión, el ex candidato presidencial representaba una amenaza política debido a la información que presuntamente poseía sobre actividades ilícitas y posibles vínculos con el tráfico de drogas.

    El documento también señala que Chavarría decidió rendir declaración ante las autoridades españolas debido a su confianza en que la justicia de ese país garantizaría la preservación de su testimonio.

    Por su parte, John Reimberg rechazó públicamente las acusaciones y calificó el contenido del documento como falso y carente de sustento. A través de redes sociales, aseguró que las declaraciones forman parte de una estrategia para evitar procesos de extradición y eludir responsabilidades judiciales.

  • Colombia definirá presidencia en segunda vuelta entre dos candidatos

    Colombia celebrará una segunda vuelta presidencial el próximo 21 de junio luego de que ninguno de los aspirantes alcanzara la votación necesaria para obtener la victoria en la primera ronda electoral celebrada este domingo.

    Con más del 99 por ciento de las mesas escrutadas, el empresario y abogado de derecha Abelardo De La Espriella se colocó en el primer lugar con 43.73 por ciento de los votos, seguido por el senador de izquierda Iván Cepeda, quien obtuvo 40.91 por ciento de las preferencias electorales.

    En la tercera posición quedó la senadora Paloma Valencia, candidata del partido Centro Democrático, con 6.92 por ciento de los sufragios. Tras conocerse los resultados, la legisladora anunció públicamente su respaldo a De La Espriella para la segunda vuelta.

    Valencia, quien contaba con el apoyo del expresidente Álvaro Uribe, reconoció su derrota y expresó su apoyo personal al candidato conservador, en una elección donde obtuvo una votación inferior a la proyectada por diversas encuestas previas.

    Por otra parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, cuestionó los resultados preliminares difundidos por la Registraduría Nacional y manifestó que no reconocerá el preconteo como definitivo.

    A través de redes sociales, Petro señaló presuntas inconsistencias en el sistema informático utilizado durante la jornada electoral y afirmó que los únicos resultados con validez jurídica serán los que surjan del escrutinio oficial realizado por las autoridades competentes.

    El mandatario también sostuvo que existen diferencias entre los datos del censo electoral oficial y los utilizados por el software del proceso, aunque no presentó pruebas públicas que respaldaran sus señalamientos.

    La jornada electoral registró una participación cercana al 57 por ciento de los 41.4 millones de ciudadanos habilitados para votar, lo que significa que más de la mitad del electorado acudió a las urnas. Analistas consideran que el nivel de abstención podría convertirse en un factor decisivo para la segunda vuelta si los candidatos logran movilizar a un mayor número de votantes.

    Uno de los hechos más llamativos del proceso ocurrió cuando 77 personas reportadas oficialmente como desaparecidas reaparecieron para ejercer su derecho al voto en distintas regiones del país.

    La Fiscalía General de Colombia informó que, tras verificar su identidad y presencia en los centros de votación, se emitieron las correspondientes actas de supervivencia y sus nombres fueron retirados de los registros oficiales de personas desaparecidas.Con este escenario, Colombia se encamina a una segunda vuelta que definirá el rumbo político del país entre dos proyectos ideológicos opuestos y en medio de un ambiente marcado por la polarización y el debate sobre la transparencia electoral.