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  • Gandalfs llevan protesta contra Peter Thiel a Buenos Aires 

    Un grupo de manifestantes disfrazados como Gandalf, el célebre mago de El señor de los anillos, protagonizó una singular protesta frente a la residencia del empresario tecnológico Peter Thiel en el exclusivo Barrio Parque de Buenos Aires.

    Vestidos con túnicas grises, barbas blancas y lentes oscuros, los integrantes del colectivo lxs Gandalfs del sur llevaron pancartas y entonaron consignas inspiradas en la obra de J. R. R. Tolkien, incluida una adaptación de la famosa frase “You shall not pass”, dirigida al magnate estadounidense.

    La movilización comenzó en una plaza cercana a la vivienda de Thiel y avanzó hasta Barrio Parque. Durante el recorrido, los manifestantes hicieron una pausa frente al Instituto Nacional Sanmartiniano y aplaudieron al Regimiento de Granaderos a Caballo, antes de continuar hacia la residencia del empresario. La protesta concluyó de manera pacífica.

    Entre las consignas, los manifestantes utilizaron referencias a Palantir Technologies, empresa cofundada por Thiel cuyo nombre proviene precisamente de las novelas de Tolkien. En la saga, los palantíri son piedras capaces de permitir la observación a distancia, una referencia que la compañía convirtió en parte de su identidad tecnológica.

    Los manifestantes cuestionaron el papel de Thiel y de Palantir en actividades relacionadas con vigilancia, inteligencia y tecnología militar. En un comunicado, el grupo afirmó que considera al empresario una figura que representa una amenaza para la sociedad y llamó a construir una resistencia frente al poder tecnológico y económico de los grandes magnates.

    La protesta también tuvo como contexto la creciente presencia de Thiel en Argentina. Su fondo de inversión Thiel Macro LLC adquirió una participación valuada en unos 76 millones de dólares en Vista Energy, empresa vinculada con la explotación de Vaca Muerta y principal exportadora de petróleo argentina.

    Los Gandalfs del sur aseguraron que su movilización busca advertir sobre los riesgos de convertir al país en un “laboratorio” para proyectos impulsados por millonarios, y llamaron a la sociedad a organizarse ante lo que consideran una creciente concentración de poder tecnológico y económico.

  • “¡Yo soy Fidel!”: Cuba conmemora un siglo del líder revolucionario

    Cuba conmemoró el centenario del nacimiento de Fidel Castro con una celebración multitudinaria en el teatro Carlos Marx de La Habana, donde miles de personas participaron en actividades culturales y homenajes dedicados al legado del líder de la Revolución cubana.

    Uno de los momentos centrales fue la aparición de Raúl Castro, de 95 años, quien acudió vestido de verde olivo y recibió una prolongada ovación. También estuvieron presentes el presidente Miguel Díaz-Canel, dirigentes políticos, altos mandos militares, integrantes de la antigua guardia de Fidel y familiares del comandante.

    Durante la ceremonia, Díaz-Canel destacó la dimensión internacional de la figura de Fidel y afirmó que su legado pertenece no solamente a Cuba, sino también a quienes en distintas partes del mundo comparten sus ideas. El mandatario definió el fidelismo como una postura de lucha contra el imperialismo y las injusticias.

    Las aproximadamente 5 mil 500 personas reunidas en el recinto corearon en distintos momentos la consigna “¡Yo soy Fidel!”, expresión que se popularizó tras la muerte del líder cubano en 2016 y que continúa utilizándose como símbolo de identificación con su pensamiento político.

    El homenaje también incluyó la participación de la compañía infantil La Colmenita, cuyos integrantes presentaron un espectáculo que combinó teatro, música y episodios de la vida de Fidel. La puesta en escena abordó temas como la cooperación, la ciencia, el liderazgo y el trabajo colectivo.

    La celebración ocurrió en un contexto marcado por las dificultades económicas que enfrenta la isla y por las transformaciones impulsadas por el gobierno cubano. El texto destaca la resiliencia de la población ante las restricciones y el impacto del bloqueo estadounidense, así como el debate interno sobre 176 transformaciones económico-sociales agrupadas en 23 áreas.

    Durante el acto, Díaz-Canel planteó el desafío de modificar aquello que deba cambiarse sin afectar el proyecto político cubano. Estas discusiones atraviesan actualmente el debate sobre el futuro del modelo socialista y también la interpretación del legado de Fidel Castro.

    El centenario, concluye la nota, mostró que la figura del expresidente cubano continúa generando respaldo entre sectores de la izquierda internacional. En Cuba, la conmemoración se convirtió en una jornada de homenaje, música, cultura y reivindicación política, marcada por el recuerdo de quien gobernó la isla durante décadas.

  • Hegseth advierte ataques terrestres contra cárteles en la región 

    El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó que el Pentágono contempla extender sus operaciones contra el narcotráfico en Latinoamérica mediante posibles ataques en tierra, una estrategia que ampliaría la campaña militar que Washington mantiene contra presuntas embarcaciones dedicadas al tráfico de drogas en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico.

    Durante una visita a Panamá, Hegseth aseguró que la advertencia de Estados Unidos contra los cárteles va en serio y afirmó que su gobierno busca combatir las redes dedicadas al tráfico de sustancias como la cocaína y el fentanilo, incluyendo aquellas que operan en México.

    El funcionario señaló que los planes forman parte de una estrategia regional respaldada por una alianza de 19 países, aunque advirtió que las operaciones podrían extenderse a cualquier lugar donde actúen organizaciones criminales consideradas una amenaza para Estados Unidos o sus aliados.

    Según Hegseth, Washington busca desarrollar junto con países como Ecuador, Colombia y Panamá una capacidad operativa similar a la utilizada en los recientes ataques contra presuntas embarcaciones vinculadas con el tráfico de drogas. La intención, explicó, sería trasladar esa capacidad militar a operaciones terrestres contra organizaciones que han sido designadas como terroristas.

    El secretario también calificó como “objetivos legítimos” a grupos vinculados con remanentes de las guerrillas colombianas y comparó a las organizaciones criminales con grupos como Estado Islámico y Al Qaeda.

    Durante su visita a la base aeronaval Cristóbal Colón, donde se desarrollaban actividades de entrenamiento en operaciones selváticas, Hegseth presentó el lema denominado Triple C, con el que defendió una estrategia de mayor fuerza contra los grupos criminales.

    El funcionario reiteró su respaldo a los bombardeos realizados contra presuntas narcolanchas, operaciones que han sido cuestionadas por juristas y organizaciones de derechos humanos, quienes las han señalado como posibles ejecuciones extrajudiciales.

    De acuerdo con la información difundida, la campaña militar iniciada en septiembre pasado ha dejado al menos 215 personas muertas en más de 50 ataques, mientras Estados Unidos sostiene que busca desmantelar las redes del narcotráfico.

    Finalmente, el Comando Sur destacó la cooperación regional en la lucha contra los cárteles y el llamado narcoterrorismo, al tiempo que agradeció a Panamá por albergar el ejercicio multinacional Panamax 2026, enfocado en fortalecer la colaboración militar entre los países participantes.

  • Represión marca protesta contra polémica ley impulsada por Milei

    Miles de personas participaron en una manifestación frente al Congreso de Argentina para expresar su rechazo a un proyecto de ley relacionado con la propiedad privada, en una jornada que terminó con decenas de personas lesionadas y detenidas tras un amplio operativo de las fuerzas de seguridad.

    De acuerdo con los reportes, la movilización transcurrió bajo la consigna «La patria no se vende», mientras policías utilizaron balas de goma, gases lacrimógenos y camiones hidrantes para dispersar a los asistentes, quienes permanecieron durante varias horas en las inmediaciones del recinto legislativo pese a las condiciones climáticas adversas.

    Durante la sesión legislativa se discutieron diversos apartados de la iniciativa. Uno de ellos proponía eliminar restricciones para la compra de tierras por parte de extranjeros, aunque, según el reporte, ese punto no obtuvo la aprobación necesaria. Sin embargo, continuó el análisis de otros capítulos que también han generado controversia entre distintos sectores sociales.

    Entre los aspectos debatidos figura la posibilidad de facilitar la adquisición de terrenos ubicados en zonas afectadas por incendios forestales, así como modificaciones relacionadas con desalojos por incumplimiento en el pago de rentas, medidas que organizaciones y manifestantes consideran perjudiciales para la población.

    El texto también hace referencia a denuncias realizadas por habitantes de la provincia de Chubut sobre los incendios registrados en la región patagónica y menciona acusaciones acerca de la presunta participación de ciudadanos israelíes en esos hechos, así como supuestos acuerdos para promover asentamientos. Estas afirmaciones constituyen acusaciones sin pruebas concluyentes presentadas en el texto y no están respaldadas por evidencia verificada ni por investigaciones oficiales conocidas.

    La protesta ocurrió en un contexto de creciente descontento por el aumento del costo de vida, la inflación, el desempleo y el deterioro de las condiciones económicas. Asimismo, el presidente Javier Milei calificó a algunos de sus opositores como «terroristas», declaraciones que incrementaron la tensión política durante la jornada.

  • Crisis migratoria en Ceuta deja al menos 141 fallecidos

    La organización Caminando Fronteras informó que la tragedia ocurrida en Ceuta desde el pasado 30 de julio ha dejado 141 personas fallecidas, convirtiéndose en el episodio migratorio más grave registrado en las costas españolas. De acuerdo con el balance de la ONG, 78 cuerpos fueron recuperados en aguas y territorio español, mientras que 63 fueron localizados en la costa de Marruecos, aunque la cifra podría aumentar conforme continúan las labores de búsqueda e identificación de personas desaparecidas.

    La fundadora de la organización, Helena Maleno, sostuvo que los hechos reflejan la utilización de las personas migrantes dentro de las relaciones entre España y Marruecos, en un contexto marcado por las políticas de externalización del control fronterizo. Señaló que la situación representa un nuevo nivel de instrumentalización de la migración con fines geopolíticos.

    Maleno también cuestionó las políticas migratorias de la Unión Europea, al considerar que el endurecimiento de los controles fronterizos ha favorecido un modelo que obliga a miles de personas a emprender rutas cada vez más peligrosas. Añadió que alrededor del control migratorio existe una importante industria relacionada con sistemas de vigilancia, tecnología, armamento y seguridad, que obtiene beneficios económicos a partir del reforzamiento de las fronteras.

    Asimismo, criticó que los gobiernos europeos continúen atribuyendo la responsabilidad únicamente a las redes de tráfico de personas, mientras, afirmó, se criminaliza a migrantes y personas que prestan ayuda humanitaria durante los cruces.

    La ONG también denunció que sectores de la extrema derecha han aprovechado la crisis para difundir discursos xenófobos, desinformación y mensajes de odio contra la población migrante, mediante la difusión de cifras falsas y contenidos engañosos en redes sociales.

    Mientras tanto, continúan los trabajos forenses para identificar a las víctimas, entre las que hay personas originarias de Marruecos, Sudán, Eritrea, Guinea y Costa de Marfil. Caminando Fronteras mantiene abiertos canales de atención para apoyar a las familias que aún buscan noticias sobre sus familiares desaparecidos.

  • Denuncian 554 fallecidos bajo custodia en El Salvador

    La organización Socorro Jurídico Humanitario (SJH) informó que al menos 554 personas han fallecido en cárceles de El Salvador tras ser detenidas bajo el régimen de excepción implementado por el gobierno del presidente Nayib Bukele para combatir a las pandillas.

    De acuerdo con la organización, las víctimas murieron mientras permanecían bajo custodia del Estado y, en muchos casos, presuntamente fueron privadas de atención médica oportuna. El SJH sostuvo que varias personas «murieron o fueron dejadas morir» por la negativa de recibir servicios de salud durante su reclusión.

    La agrupación aseguró además que el 94 por ciento de los fallecidos no tenía perfil de pandilleros y que perdieron la vida sin haber recibido una sentencia judicial, al permanecer en prisión preventiva dentro de los procesos masivos derivados del régimen de excepción.

    Socorro Jurídico Humanitario advirtió que la cifra real de fallecimientos podría superar el millar, al considerar que existe falta de transparencia en los procedimientos judiciales y en la información oficial relacionada con las personas privadas de la libertad.

    Hasta el momento, el gobierno salvadoreño no ha emitido una postura sobre el reporte ni ha respondido a las acusaciones formuladas por la organización.

    El régimen de excepción, vigente desde 2022 y renovado en 53 ocasiones, suspende diversas garantías constitucionales, entre ellas el derecho pleno a la defensa y la inviolabilidad de las comunicaciones. Bajo esta medida, las autoridades han detenido a más de 92 mil 480 personas, señaladas de pertenecer o colaborar con estructuras criminales.

    Aunque la estrategia de seguridad mantiene altos niveles de respaldo entre la población y fue uno de los factores que fortalecieron la reelección de Bukele, organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos han documentado más de 6 mil 400 denuncias por presuntas violaciones a derechos fundamentales, principalmente relacionadas con detenciones arbitrarias, tortura y malos tratos durante la aplicación del régimen de excepción.

  • Gobierno argentino negocia tras paro de prácticos navales

    El gobierno del presidente Javier Milei inició un diálogo con los prácticos navales argentinos luego del paro iniciado el lunes por unos 450 especialistas, quienes rechazaron un decreto impulsado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. La medida establece que las empresas navieras ya no estarán obligadas a contratar a estos profesionales, encargados de garantizar la seguridad en las maniobras de ingreso y salida de embarcaciones.

    La huelga paralizó las operaciones en los principales puertos del país, deteniendo el movimiento de más de 160 buques y afectando el comercio exterior, particularmente las exportaciones de granos y la distribución de combustibles. El impacto económico comenzó a reflejarse en pérdidas millonarias y en el desvío de cargas hacia puertos de Uruguay y del sur de Brasil.

    La Corporación Uruguaya de Prácticos del Río Uruguay, Río de la Plata y Litoral Marítimo expresó su preocupación por la implementación del decreto, al considerar que podría comprometer la seguridad de la navegación, vulnerar el Tratado del Río de la Plata y contravenir recomendaciones de la Organización Marítima Internacional.

    Mientras avanzan las negociaciones, el gobierno ordenó a la Prefectura Naval intimar a más de 500 profesionales para que retomaran sus actividades. Sin embargo, el Ejecutivo mantiene su postura de impulsar la desregulación del sector como parte de su política para reducir costos y promover la competencia.

    En otro frente, Milei respondió a cuestionamientos sobre el endeudamiento de millones de familias argentinas afirmando que se trata de acuerdos entre particulares, declaraciones que generaron nuevas críticas y alimentaron la convocatoria a movilizaciones sociales.

    Asimismo, la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata confirmó la suspensión de la conversión del Banco Nación en sociedad anónima, al mantener vigente una medida cautelar por seis meses más.

    Por otra parte, el gobierno oficializó la incorporación de la minera Vicuña Argentina al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, luego de aprobarse su proyecto de expansión eléctrica para la explotación de cobre, oro y plata en la provincia de San Juan, decisión que continúa generando oposición de distintos sectores sociales y ambientales.

  • Guatemala mantiene alerta máxima por erupción del Volcán de Fuego

    Guatemala permanece en alerta máxima debido al incremento de la actividad del Volcán de Fuego, uno de los más activos de Centroamérica, cuya reciente erupción ha provocado la expulsión de lava, gases y columnas de ceniza, obligando a las autoridades a reforzar las medidas de protección para la población.

    El balance más reciente indica que alrededor de 29 mil personas han resultado afectadas por la emergencia y más de mil 700 fueron evacuadas hacia albergues habilitados en los departamentos de Escuintla, Chimaltenango y Sacatepéquez, las zonas con mayor riesgo. En estos tres departamentos, donde habitan cerca de 1.6 millones de personas, fue declarada la alerta roja, mientras que el resto del país permanece bajo alerta naranja.

    La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó que mantiene refugios temporales para atender a las familias desplazadas. Asimismo, el Ejército de Guatemala señaló que las acciones buscan fortalecer la coordinación entre instituciones de emergencia y garantizar la protección de las comunidades cercanas al volcán.

    El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) reportó que la actividad eruptiva continúa con fuentes de lava que alcanzan entre 200 y 300 metros sobre el cráter. Además, advirtió sobre el descenso de flujos piroclásticos por distintas barrancas, por lo que recomendó mantener activos los planes de respuesta en municipios cercanos como San Pedro Yepocapa, Escuintla y Alotenango.

    El Volcán de Fuego, de más de 3 mil 700 metros de altura y ubicado a 16 kilómetros de Antigua Guatemala, inició esta fase eruptiva el lunes con una columna de ceniza que alcanzó los siete kilómetros sobre el nivel del mar y cuya intensidad aumentó durante las siguientes horas.

    Las autoridades también mantienen vigilancia por la posible dispersión de ceniza hacia municipios de Chiapas, entre ellos Suchiate, Unión Juárez, Cacahoatán, Tuxtla Chico, Metapa de Domínguez, Frontera Hidalgo y Tapachula. La emergencia revive el recuerdo de la devastadora erupción de 2018, que dejó más de 200 personas fallecidas.

  • Popularidad de Trump cae a mínimos históricos, según encuestas

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, atraviesa el nivel más bajo de aprobación pública desde el inicio de su segundo mandato, de acuerdo con una serie de encuestas citadas por The New York Times. Los sondeos coinciden en que aproximadamente un tercio de los estadounidenses respalda su gestión, en un contexto marcado por el estancamiento del conflicto con Irán y el aumento en los precios de la gasolina.

    Las mediciones reflejan una tendencia similar entre distintas instituciones. CNN ubicó la aprobación presidencial en 34%, igualando el mínimo registrado tras el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. La encuesta de AP-NORC la situó en 33%, mientras que Quinnipiac University reportó 32%, el nivel más bajo registrado por esa institución para Trump.

    Según el análisis del diario, Trump es el presidente con menor aprobación en esta etapa de un segundo mandato desde la década de 1940, con la única excepción de Richard Nixon, quien registró 24% de respaldo poco antes de renunciar por el escándalo de Watergate. En contraste, mandatarios como Bill Clinton, Ronald Reagan y Dwight D. Eisenhower mantenían niveles de aprobación superiores al 58% en periodos comparables.

    Pese a estos resultados, Trump ha rechazado públicamente la validez de las encuestas y ha asegurado, sin presentar evidencia, que sus niveles reales de aprobación son mucho más altos. En distintas publicaciones afirmó contar con entre 59% y 65% de respaldo, además de calificar los sondeos como deshonestos.

    El descenso en la popularidad ha generado preocupación entre sectores del Partido Republicano, especialmente ante las elecciones legislativas de medio término previstas para noviembre. Analistas recuerdan que otros presidentes con niveles de aprobación superiores también sufrieron pérdidas importantes en el Congreso durante esos comicios.

    Mientras tanto, la Casa Blanca ha evitado responder directamente a las encuestas y ha optado por destacar los resultados económicos de la administración, como el desempeño del empleo y el control de la inflación, aunque el descontento ciudadano también se ha extendido a temas como la economía, la inmigración y la política exterior.

  • Campesinos protestan contra embalse para ampliar capacidad del Canal de Panamá

    Alrededor de 300 campesinos y activistas se manifestaron este lunes en la Ciudad de Panamá para rechazar la construcción de un nuevo embalse en el río Indio, proyecto impulsado por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) para garantizar el suministro de agua a la vía interoceánica. Los inconformes advirtieron que la obra provocará el desplazamiento de comunidades rurales y afectará su patrimonio, sus tierras y espacios de valor cultural.

    El proyecto contempla la creación de un embalse de aproximadamente 4 mil 600 hectáreas al oeste del canal, con el objetivo de reforzar el abastecimiento de agua hacia el lago Gatún mediante un túnel de nueve kilómetros. La infraestructura busca reducir el riesgo de interrupciones en la operación del canal durante periodos de sequía, una preocupación creciente debido a la dependencia de la ruta del agua de lluvia almacenada en los lagos Gatún y Alhajuela.

    De acuerdo con la ACP, las obras comenzarán en 2028 y concluirán en 2031, con una inversión estimada en mil 600 millones de dólares. Se prevé que los primeros reasentamientos de habitantes inicien a mediados de 2027 y afecten a unas dos mil personas que viven en la zona donde se construirá el embalse.

    Durante la protesta frente a la Corte Suprema de Justicia, la dirigente campesina Maricel Sánchez aseguró que las comunidades no abandonarán sus territorios y acusó al Estado de despojarlas de tierras que han habitado y protegido durante generaciones. Los manifestantes sostuvieron que la obra amenaza su forma de vida y exigieron respeto a sus derechos.

    Uno de los puntos más controvertidos del proyecto es el cierre de cementerios comunitarios en la localidad de El Limón de Chagres, en la provincia de Colón, donde se realizarán las primeras obras. Ante esta situación, el abogado Tristán Santander informó que las comunidades presentaron un recurso de nulidad contra la autorización gubernamental para realizar exhumaciones y trasladar los restos de sus familiares, al considerar que vulnera sus derechos y tradiciones.