El gobierno del presidente Javier Milei inició un diálogo con los prácticos navales argentinos luego del paro iniciado el lunes por unos 450 especialistas, quienes rechazaron un decreto impulsado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. La medida establece que las empresas navieras ya no estarán obligadas a contratar a estos profesionales, encargados de garantizar la seguridad en las maniobras de ingreso y salida de embarcaciones.
La huelga paralizó las operaciones en los principales puertos del país, deteniendo el movimiento de más de 160 buques y afectando el comercio exterior, particularmente las exportaciones de granos y la distribución de combustibles. El impacto económico comenzó a reflejarse en pérdidas millonarias y en el desvío de cargas hacia puertos de Uruguay y del sur de Brasil.
La Corporación Uruguaya de Prácticos del Río Uruguay, Río de la Plata y Litoral Marítimo expresó su preocupación por la implementación del decreto, al considerar que podría comprometer la seguridad de la navegación, vulnerar el Tratado del Río de la Plata y contravenir recomendaciones de la Organización Marítima Internacional.
Mientras avanzan las negociaciones, el gobierno ordenó a la Prefectura Naval intimar a más de 500 profesionales para que retomaran sus actividades. Sin embargo, el Ejecutivo mantiene su postura de impulsar la desregulación del sector como parte de su política para reducir costos y promover la competencia.
En otro frente, Milei respondió a cuestionamientos sobre el endeudamiento de millones de familias argentinas afirmando que se trata de acuerdos entre particulares, declaraciones que generaron nuevas críticas y alimentaron la convocatoria a movilizaciones sociales.
Asimismo, la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata confirmó la suspensión de la conversión del Banco Nación en sociedad anónima, al mantener vigente una medida cautelar por seis meses más.
Por otra parte, el gobierno oficializó la incorporación de la minera Vicuña Argentina al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, luego de aprobarse su proyecto de expansión eléctrica para la explotación de cobre, oro y plata en la provincia de San Juan, decisión que continúa generando oposición de distintos sectores sociales y ambientales.
