Alrededor de 300 campesinos y activistas se manifestaron este lunes en la Ciudad de Panamá para rechazar la construcción de un nuevo embalse en el río Indio, proyecto impulsado por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) para garantizar el suministro de agua a la vía interoceánica. Los inconformes advirtieron que la obra provocará el desplazamiento de comunidades rurales y afectará su patrimonio, sus tierras y espacios de valor cultural.
El proyecto contempla la creación de un embalse de aproximadamente 4 mil 600 hectáreas al oeste del canal, con el objetivo de reforzar el abastecimiento de agua hacia el lago Gatún mediante un túnel de nueve kilómetros. La infraestructura busca reducir el riesgo de interrupciones en la operación del canal durante periodos de sequía, una preocupación creciente debido a la dependencia de la ruta del agua de lluvia almacenada en los lagos Gatún y Alhajuela.
De acuerdo con la ACP, las obras comenzarán en 2028 y concluirán en 2031, con una inversión estimada en mil 600 millones de dólares. Se prevé que los primeros reasentamientos de habitantes inicien a mediados de 2027 y afecten a unas dos mil personas que viven en la zona donde se construirá el embalse.
Durante la protesta frente a la Corte Suprema de Justicia, la dirigente campesina Maricel Sánchez aseguró que las comunidades no abandonarán sus territorios y acusó al Estado de despojarlas de tierras que han habitado y protegido durante generaciones. Los manifestantes sostuvieron que la obra amenaza su forma de vida y exigieron respeto a sus derechos.
Uno de los puntos más controvertidos del proyecto es el cierre de cementerios comunitarios en la localidad de El Limón de Chagres, en la provincia de Colón, donde se realizarán las primeras obras. Ante esta situación, el abogado Tristán Santander informó que las comunidades presentaron un recurso de nulidad contra la autorización gubernamental para realizar exhumaciones y trasladar los restos de sus familiares, al considerar que vulnera sus derechos y tradiciones.
