Washington. La Corte Suprema de Estados Unidos volvió a apoyar el lunes la política migratoria estricta del presidente Donald Trump, permitiendo que agentes federales continúen con redadas en el sur de California basadas en criterios como el idioma o características raciales.
El tribunal accedió a una solicitud del Departamento de Justicia para suspender temporalmente la decisión de una jueza federal que impedía detener a personas sin una «sospecha razonable» de que se encontraban ilegalmente en el país, especialmente si la detención se basaba en su etnia o el hecho de hablar español o inglés con acento.
Las tres magistradas liberales del tribunal manifestaron su desacuerdo con la decisión.
La jueza de distrito Maame Frimpong, con sede en Los Ángeles, había emitido esa orden el 11 de julio al considerar que las prácticas del gobierno probablemente vulneraban la Cuarta Enmienda de la Constitución, que protege contra registros y detenciones arbitrarias. Su fallo cubría una amplia parte del sur californiano.
En documentos presentados ante el tribunal, el Departamento de Justicia defendió su estrategia, afirmando que estaba basada en un «perfil razonablemente amplio», justificado por la alta presencia de inmigrantes indocumentados en la región.
Esta medida representa otro intento del gobierno de Trump de mantener en pie sus políticas migratorias, muchas de las cuales han sido bloqueadas por tribunales inferiores. Con una mayoría conservadora de 6-3, la Corte Suprema ha respaldado al expresidente en varios de estos casos.
Trump fue reelecto tras prometer un endurecimiento de las deportaciones. Las redadas en ciudades como Los Ángeles han generado temor en comunidades inmigrantes, manifestaciones públicas y demandas por el uso de tácticas agresivas por parte de agentes federales armados y enmascarados.
En mayo, Stephen Miller, asesor principal de Trump y responsable de su agenda antiinmigrante, presionó a las autoridades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas para incrementar las deportaciones, estableciendo una meta de 3,000 detenciones diarias.
En otros fallos, la Corte Suprema también ha permitido al Gobierno deportar inmigrantes a terceros países sin brindarles la oportunidad de demostrar el riesgo que enfrentarían, así como eliminar protecciones humanitarias previamente concedidas a cientos de miles de personas.
