La Comisión Europea propuso postergar hasta 2026 la implementación de la ley contra la deforestación, una normativa que ha recibido críticas por parte de países como Estados Unidos, Brasil e Indonesia.
Jessika Roswall, comisaria europea de Medio Ambiente, explicó ante los medios que la Unión Europea necesita más tiempo para que el sistema informático de seguimiento forestal esté completamente operativo.
Cabe recordar que la UE ya había retrasado en 2024 la aplicación de esta legislación, cuyo objetivo es impedir la importación y comercialización en el bloque de productos como aceite de palma, cacao, café, soja y madera, si provienen de tierras deforestadas después de diciembre de 2020.
Diversas organizaciones ambientalistas criticaron duramente esta nueva prórroga, calificándola como un “grave retroceso” y una amenaza para los bosques.
El anuncio se produce poco después del cierre de un acuerdo comercial entre la UE e Indonesia, uno de los países que más ha cuestionado la normativa. Estados Unidos, que también firmó un pacto comercial con la Unión en julio, ha manifestado reservas similares.
La propuesta de extensión será evaluada por los Estados miembros y el Parlamento Europeo, donde podría contar con el respaldo de sectores conservadores y de ultraderecha.
Desde el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), Anke Schulmeister-Oldenhove calificó la noticia como una “muy mala sorpresa” y expresó dudas sobre los motivos técnicos alegados para justificar el nuevo retraso.
Algunos países como Italia y Austria también han abogado por revisar la normativa o postergar su aplicación, argumentando que las obligaciones para agricultores y silvicultores son excesivas o difíciles de cumplir.
Según la ley, las empresas importadoras deberán probar que sus productos no provienen de áreas recientemente deforestadas, mediante datos de geolocalización y evidencia satelital aportada por los productores.
La normativa enfrenta una fuerte oposición por parte de sectores del agronegocio y de varios países de África, Asia y América, quienes alertan sobre los costos adicionales que representará para agricultores, ganaderos y operadores forestales.
