A casi un año de que la Legislatura del Estado de México despenalizara el aborto, organizaciones civiles reconocen progresos en la prestación de servicios de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), aunque también identifican importantes retos por superar.
Entre los desafíos más relevantes están la necesidad de una mayor difusión del derecho al aborto, la capacitación y sensibilización del personal médico, así como la inclusión de otros grupos poblacionales, como hombres trans y personas no binarias, que también pueden requerir estos servicios.
Ninde Molre, directora de #AbortistasMx, informó que, con motivo del Día de Acción Global por un Aborto Legal y Seguro (#28S), en colaboración con Data Cívica A.C., se analizaron estadísticas sobre el acceso a servicios de aborto en unidades médicas del sector público, observando tanto avances como retrocesos en diferentes estados del país.
En el caso específico del Estado de México, según datos provenientes del Subsistema de Información en Salud de la Dirección General de Información en Salud, se reporta una tasa de 4 abortos por cada 100 mil personas.
Actualmente, existen 17 módulos especializados en servicios de aborto legal en el Estado de México. Esta cifra es significativa si se compara con la Ciudad de México, donde hay 16 módulos, a pesar de que el aborto es legal desde hace 18 años. Sin embargo, la directora advierte que esta infraestructura aún es insuficiente, ya que el estado tiene una población muy grande y está compuesto por 125 municipios con distintas características y necesidades.
Molre también explicó que los 17 módulos disponibles pertenecen exclusivamente a la Secretaría de Salud estatal, sin considerar otras instituciones como el IMSS o el ISSSTE.
Además de ampliar la cobertura geográfica, se deben garantizar condiciones de acceso para todos los sectores capaces de gestar, incluyendo a personas transmasculinas y no binarias. También es fundamental capacitar al personal de salud, establecer protocolos unificados, asignar recursos adecuados y eliminar prácticas estigmatizantes o criminalizadoras.
Finalmente, recordó que los artículos 1° y 4º de la Constitución Mexicana respaldan el derecho a decidir sobre el propio cuerpo, como parte de los derechos a la salud, a la autonomía reproductiva y a vivir sin violencia ni discriminación. Por lo tanto, las autoridades están obligadas a garantizar el acceso efectivo a los servicios de aborto legal.
