Por Laura Campos Guido – @laura_camposguido
Monterrey, 1 octubre. 2025.
El 28 de septiembre se conmemoró el Día de Acción Global por un Aborto Legal, Seguro y Accesible. En México, esta fecha llega en un momento crucial: la Suprema Corte ha avanzado en la despenalización del aborto a nivel federal y varios estados han seguido el mismo camino. Pero aún queda mucho por hacer, sobre todo cuando hablamos de las niñas y adolescentes.
En los últimos años, desde distintas trincheras, hemos discutido la autonomía de las mujeres adultas para decidir sobre sus cuerpos. Sin embargo, poco se habla de las más jóvenes. Y es aquí donde quiero poner el acento: ningún embarazo en la infancia o adolescencia debería considerarse voluntario. La razón es clara: no se puede hablar de consentimiento pleno cuando la ley y la experiencia de vida reconocen que a esa edad no existe la madurez necesaria para tomar decisiones de esa magnitud.
Lo digo no solo como columnista, sino como alguien que fue madre adolescente. Tuve que enfrentar lo que significa parir cuando aún estaba aprendiendo a ser hija. El miedo, la incomprensión y el silencio fueron parte de esa experiencia. Y aunque con el tiempo transformé esa vivencia en fuerza, también entendí que muchas de las cosas que viví no deberían haber sucedido. Porque lo que se suele romantizar como “madurez temprana” o “responsabilidad” en realidad fue el resultado de una sociedad que me negó opciones reales.
Las cifras lo confirman: según la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), en México cada año miles de niñas menores de 15 años se convierten en madres. En la mayoría de esos casos, detrás hay historias de abuso sexual, coerción o relaciones desiguales con hombres mucho mayores. ¿Podemos hablar de elección ahí? Yo creo que no. Y por eso el aborto seguro debe estar disponible para ellas sin obstáculos legales, morales ni burocráticos.
El problema se agudiza en estados como Nuevo León, que sigue siendo uno de los pocos en México donde el aborto no ha sido despenalizado. Aquí, las niñas y adolescentes no solo enfrentan la violencia de un embarazo forzado, sino también la criminalización si buscan interrumpirlo. En vez de acompañamiento, encuentran puertas cerradas. En vez de derechos, reciben castigo.
Defender el derecho a decidir de niñas y adolescentes no significa empujarlas a abortar, sino garantizarles alternativas: acceso a información clara, a servicios de salud libres de prejuicios, a acompañamiento psicológico y a una justicia que sancione a los agresores en lugar de castigar a las víctimas. Significa reconocer que cada embarazo temprano es un signo de violencia estructural y que el Estado tiene la obligación de responder con políticas públicas integrales.
En este 28S, la demanda fue clara: el aborto legal, seguro y accesible es también una herramienta de protección para las más jóvenes. No se trata de un debate ideológico, sino de salvar vidas y de reconocer derechos. Como mujer que vivió en carne propia lo que significa ser madre en la adolescencia, me duele pensar en todas las niñas que aún hoy cargan con una maternidad impuesta. Por ellas, por nosotras, por las que vienen.
