Monterrey, 3 de octubre 2025
El gobierno del expresidente Donald Trump enfrenta numerosas demandas por parte de ciudadanos estadounidenses que fueron detenidos durante las redadas migratorias. Entre los casos destaca el de un trabajador de la construcción que fue arrestado en dos ocasiones y el de un hombre mayor que fue agredido y mantenido bajo custodia pese a recuperarse de una cirugía cardíaca.
Estas demandas, que reclaman indemnizaciones que pueden llegar hasta los 50 millones de dólares por presuntas violaciones a derechos constitucionales, se han vuelto frecuentes. Recientemente, Leonardo García Venegas presentó una querella contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) por detenerlo repetidamente en obras de construcción, que se han convertido en objetivos comunes de las autoridades migratorias.
García Venegas, que vive y trabaja en Alabama, argumenta que estas detenciones fueron injustificadas y contrarias a la protección que brinda la Cuarta Enmienda contra registros y arrestos sin causa probable. A pesar de presentar su identificación, fue esposado y retenido sin motivo válido.
Además, otro caso involucra a Rafie Ollah Shouhed, un hombre de 79 años propietario de un lavadero de autos en Los Ángeles, quien sufrió lesiones graves durante una redada. A pesar de haber informado que recientemente había tenido una cirugía cardíaca, fue sometido violentamente y detenido sin atención médica adecuada.
Varias otras personas también han presentado demandas por detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza. Entre ellas, una mujer embarazada que asegura que la detención provocó un parto prematuro. Los abogados y activistas que representan a los afectados buscan frenar estos abusos, incluso elevando la denuncia al Consejo de Derechos Humanos de la ONU para exigir una investigación.
