Monterrey, 03 de Diciembre del 2025
En una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) celebrada este miércoles, México reafirmó con firmeza la validez de la Convención de Asilo Diplomático de Caracas de 1954, en respuesta a la propuesta de reforma presentada por Perú.
La embajadora mexicana ante la OEA, Luz Elena Baños, sostuvo que no es jurídicamente procedente discutir una enmienda a la convención en ese foro, ya que el Consejo no tiene facultades para revisar tratados internacionales. Además, criticó que se permita la participación de Estados que no son parte del tratado mientras se excluye a firmantes que sí lo son. Señaló que la iniciativa peruana parece orientada a resolver un caso específico —el de la ex primera ministra peruana Betssy Chávez, actualmente refugiada en la embajada mexicana en Lima— más que a atender un interés jurídico regional.
Baños acusó a Perú de incumplir sus obligaciones internacionales al no otorgar el salvoconducto que permitiría a Chávez salir de la embajada, y enfatizó que las normas internacionales no deben aplicarse de manera selectiva ni según conveniencias políticas.
La sesión fue solicitada por Perú, cuyo canciller, Hugo de Zela, defendió la posición de su gobierno, argumentando que la figura del asilo tiene como objetivo proteger a perseguidos políticos y no a personas con investigaciones o condenas por delitos comunes.
La diplomática mexicana cuestionó si la discusión perseguía un propósito jurídico legítimo o si era un intento de influir en un caso puntual. Recordó que modificar un tratado sin el consentimiento de todos los Estados parte contraviene la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, y criticó la exclusión de países como Venezuela, que sí forman parte del tratado, mientras que Estados Unidos, que no lo es, tiene voz y voto.
Baños subrayó que la propuesta peruana surgió después de que México concediera el asilo y solicitara el salvoconducto, lo que evidencia que la normativa se aplicó correctamente y que la iniciativa de reforma responde a un resultado desfavorable para Perú. Reiteró que el derecho internacional no puede ser cuestionado cuando conviene y luego ignorado cuando no.
Finalmente, México insistió en que el asilo es un principio de protección de la dignidad humana y no un acto de hostilidad, y exigió respeto a la inviolabilidad de las sedes diplomáticas, advirtiendo que la negativa peruana a entregar el salvoconducto constituye una violación legal que debilita la cooperación entre Estados.
