Monterrey, 12 de enero del 2026
Ante las denuncias de empresarios transportistas por presuntos actos de extorsión sistemática en distintos municipios del estado, el senador de Morena por Nuevo León, Waldo Fernández, hizo un llamado al gobierno estatal para actualizar la legislación local conforme a la nueva ley federal en la materia.
El legislador recordó que desde finales de diciembre solicitó a la administración encabezada por Samuel García la armonización de los reglamentos estatales para prevenir y sancionar este delito, sin que hasta el momento se haya atendido dicha petición.
Fernández advirtió que la extorsión impacta de manera directa en la vida cotidiana de la población, así como en la economía familiar y empresarial, al utilizar el miedo como una forma de control social. En este contexto, subrayó la urgencia de adecuar el marco legal local.
La Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, aprobada a nivel federal en noviembre de 2024, establece un tipo penal único en todo el país, incrementa las sanciones y ordena que este delito sea perseguido de oficio.
El senador destacó que la nueva legislación también contempla sanciones para servidores públicos que encubran o no denuncien actos de extorsión, aspecto que, dijo, se vincula con los recientes señalamientos de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram), los cuales involucran a autoridades municipales y corporaciones de seguridad.
De acuerdo con el Consejo Nacional de Seguridad Pública, el plazo para que los gobiernos estatales presenten ante sus congresos locales las reformas necesarias vence el próximo 30 de enero. Fernández insistió en que no existen motivos para retrasar este proceso y urgió al Congreso del Estado a aprobar las modificaciones a la brevedad.
