El caso de la desaparición y posterior feminicidio de Edith Guadalupe Valdés ha generado una fuerte reacción en la Ciudad de México, donde familiares de la víctima denuncian múltiples irregularidades en la actuación de la Fiscalía General de Justicia capitalina.
La joven, de 21 años, fue vista por última vez el 15 de abril de 2026 al salir de su casa en la colonia Magdalena Atlazolpa, en Iztapalapa. Horas después, al perder contacto con ella, su familia solicitó apoyo inmediato a las autoridades, pero aseguran que enfrentaron retrasos injustificados, como la supuesta espera de 72 horas para iniciar la búsqueda, pese a que esto no forma parte de los protocolos oficiales.
De acuerdo con testimonios de sus familiares, fueron ellos mismos quienes llevaron a cabo labores de investigación que permitieron ubicar pistas sobre su paradero. Incluso señalaron que entregaron información relevante a la Fiscalía sin recibir una respuesta efectiva.
El 16 de abril, la familia se manifestó frente a un edificio en la colonia Nonoalco, en la alcaldía Benito Juárez, donde creían que Edith podría estar, ya que supuestamente acudiría a una entrevista de trabajo. Sin embargo, las autoridades negaron que la joven hubiera ingresado al inmueble. Además, los familiares denunciaron que un agente les habría solicitado dinero para avanzar en las investigaciones.
Por su parte, la Fiscalía informó mediante redes sociales que la joven fue localizada sin vida y aseguró que actuó conforme a los protocolos desde el inicio del caso. No obstante, esta postura generó una ola de críticas en internet, donde usuarios cuestionaron la versión oficial y respaldaron la denuncia de la familia sobre negligencia y falta de apoyo.
Entre los comentarios, destacan acusaciones de corrupción, omisiones y desinterés por parte de las autoridades, señalando que la presión social fue determinante para que se tomaran acciones.
En medio de la controversia, la fiscal Bertha Alcalde Luján afirmó que se investigarán posibles responsabilidades administrativas e incluso penales contra funcionarios involucrados, ante las denuncias de irregularidades en este caso.
