Por: Laura Campos Guido – @laura_camposguido.
El tiroteo ocurrido en Teotihuacán volvió a encender una conversación que solemos evitar: ¿qué papel están jugando las redes sociales en la construcción de violencias cada vez más extremas? No es un caso aislado ni un fenómeno local. Es parte de un ecosistema digital donde el enojo, el resentimiento y el odio encuentran terreno fértil para crecer, organizarse y, en algunos casos, traducirse en acciones concretas.
En los últimos años, han cobrado visibilidad comunidades en línea como los llamados incels (célibes involuntarios) o ciertos grupos que, bajo la bandera de los “derechos de los hombres”, construyen narrativas profundamente misóginas. No se trata de espacios de diálogo legítimo sobre desigualdades, sino de foros donde se normaliza la violencia simbólica, se deshumaniza a las mujeres y se refuerzan discursos que justifican el daño.
El problema no es solo que estos contenidos existan. Es cómo circulan.
Las plataformas digitales están diseñadas para maximizar la atención. Y el algoritmo —esa arquitectura invisible que decide qué vemos— privilegia lo que genera reacción: lo polémico, lo extremo, lo emocionalmente cargado. Así, una búsqueda casual puede convertirse en una cascada de contenido cada vez más radical. Lo que inicia como curiosidad termina siendo una inmersión en una narrativa cerrada.
Ahí aparecen las llamadas cámaras de eco o burbujas digitales: espacios donde las personas solo consumen información que confirma sus creencias. Sin contraste, sin cuestionamiento, sin matices. En ese entorno, la desinformación se presenta como verdad y el discurso de odio se normaliza como opinión.
Esto no ocurre en el vacío. Ocurre en contextos donde hay frustración social, desigualdad, falta de oportunidades y crisis de identidad. Pero el entorno digital no solo refleja esas tensiones: las amplifica. Les da lenguaje, comunidad y, en los casos más graves, legitimidad.
El desafío es complejo; no se trata de censurar ni de limitar la libertad de expresión. Se trata de reconocer que la libertad también implica responsabilidad, y que cuando el discurso cruza la línea hacia la violencia, deja de ser opinión para convertirse en riesgo.
La respuesta no puede ser únicamente tecnológica ni punitiva. Necesitamos una estrategia más profunda: Alfabetización Mediática e Informacional.
Esto implica formar a niñas, niños, juventudes y personas adultas para entender cómo funcionan los algoritmos, identificar desinformación, reconocer discursos de odio y aprender cómo salir de burbujas digitales. Implica enseñar a cuestionar lo que se consume, a verificar fuentes, a construir pensamiento crítico.
Pero también implica asumir una responsabilidad colectiva. Las plataformas deben transparentar sus procesos de recomendación y moderación. Los gobiernos deben diseñar políticas públicas que no criminalicen, pero sí protejan. Las escuelas deben incorporar estas herramientas como parte de la formación básica. Y las familias deben acompañar, no desde el control, sino desde el diálogo.
El caso de Teotihuacán no puede leerse solo como un hecho violento aislado. Es también un síntoma de un entorno donde el odio encuentra eco y donde la radicalización ya no ocurre en espacios ocultos, sino a un clic de distancia. Si queremos sociedades más seguras, no basta con mirar la violencia cuando estalla. Hay que entender dónde se gesta. Y hoy, mucha, se está gestando en nuestras pantallas.
