Ciudad de México, 27 de enero del 2026
Trabajadoras y trabajadores del Hospital Veterinario de la Ciudad de México, ubicado en Iztapalapa, denunciaron una serie de hostigamientos laborales, amenazas y cambios arbitrarios de adscripción presuntamente impulsados por el director del nosocomio, Roberto Cordero Fierros, y la titular de la Agencia de Atención Animal (Agatan), Ana Villagrán. Las acusaciones surgen luego de que el personal expusiera, por segunda ocasión, las graves deficiencias operativas que enfrenta el hospital.
En conferencia de prensa, el personal advirtió que la falta de insumos básicos —como catéteres, jeringas, soluciones intravenosas, gasas y analgésicos—, así como el mantenimiento insuficiente del equipo médico y la ausencia de especialistas, ha provocado una reducción de hasta 70 por ciento en la atención a pacientes.
Aunque el hospital solía atender alrededor de 100 pacientes diarios, Giovanna Elizalde, representante del Sindicato de Servidores Públicos de la Ciudad de México, señaló que actualmente no cuentan con ortopedista, neurólogo y que el endoscopio permanece fuera de servicio.
Además, denunció que 12 especialistas que atendían los casos más graves fueron desplazados de sus funciones tras manifestar críticas fundamentadas en criterios científicos. En su lugar, afirmaron, fueron asignadas personas cercanas a la dirección en áreas estratégicas.
Esta situación ha obligado a suspender cirugías, limitar la atención de urgencias y realizar donaciones para cubrir necesidades médicas básicas. A ello se suma el hacinamiento de animales, ya que el hospital opera parcialmente como refugio para al menos 25 perros, sin contar con condiciones sanitarias adecuadas.
El personal también denunció la emisión de un oficio oficial que advierte posibles sanciones administrativas o penales por difundir información interna, lo cual consideran un intento de inhibir denuncias. La médica veterinaria Lucía Camarillo afirmó que las represalias han generado un clima de temor, especialmente entre mujeres trabajadoras, quienes aseguran enfrentar intimidaciones constantes que afectan tanto su estabilidad laboral como la atención digna a los animales.
