Ciudad de México, 29 de enero del 2026
A tres semanas de la agresión militar de Estados Unidos contra Venezuela, ocurrida el 3 de enero y que derivó en el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa, el debate público se ha concentrado en la reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos, impulsada originalmente por Hugo Chávez en 2006 y considerada un pilar para garantizar el carácter nacional de la industria petrolera.
Durante la presentación de la memoria y cuenta ante la Asamblea Nacional, el 15 de enero, la presidenta encargada Delcy Rodríguez entregó una propuesta de reforma parcial con el objetivo de blindar jurídicamente los Contratos de Participación Productiva, creados bajo la Ley Antibloqueo. Estos mecanismos han permitido atraer inversiones petroleras pese a las medidas coercitivas unilaterales impuestas por Estados Unidos.
El 22 de enero, el Parlamento aprobó el proyecto en primera discusión, dando paso a una consulta pública con trabajadores del sector y empresarios nacionales y extranjeros. Posteriormente, el texto regresará al Legislativo para su discusión definitiva.
Entre los cambios más relevantes, destaca la incorporación de un nuevo artículo 8, que permite resolver controversias mediante arbitrajes internacionales, mediación u otros mecanismos alternativos, rompiendo con la exclusividad de los tribunales nacionales establecida en la ley de 2006.
La reforma también amplía la participación privada en las actividades primarias de exploración y producción, incluyendo a empresas privadas domiciliadas en Venezuela, bajo contratos con empresas estatales o sus filiales. Asimismo, se reduce el margen de intervención de la Asamblea Nacional, que ya no podrá modificar las condiciones propuestas por el Ejecutivo en la conformación de empresas mixtas.
Otro punto clave es que los socios privados minoritarios podrán comercializar directamente parte o la totalidad de la producción, abrir cuentas bancarias en cualquier jurisdicción y asumir la gestión técnica y operativa, siempre bajo control estatal y sin perder la propiedad de los yacimientos.
La reforma también flexibiliza el esquema de regalías e impuestos de extracción, permitiendo reducciones de hasta 20 por ciento para empresas privadas y 15 por ciento para empresas mixtas, cuando los proyectos no sean económicamente viables.
En conjunto, la iniciativa plantea un giro profundo en la política petrolera venezolana, en un contexto marcado por el bloqueo económico, la presión internacional y el interés de petroleras estadounidenses por regresar al país sudamericano.
