Por: Laura Campos Guido – @laura_camposguido.
La nota fue breve y brutal: una mujer, en medio de una crisis de salud mental, cruzó una avenida de alta velocidad. Un auto blanco la arrolló. Las heridas fueron mortales. La mujer que conducía hoy está presa. Dos vidas atravesadas por una misma ciudad que falló.
En el debate público, la atención se ha concentrado en buscar culpables individuales: la peatona que cruzó “donde no debía”, la conductora que “no alcanzó a frenar”. Pero hay una pregunta que casi no se hace y que resulta incómoda: ¿qué tipo de ciudad produce tragedias como esta?
Monterrey, como muchas grandes ciudades del país, ha sido diseñada pensando primero en los vehículos y después —si queda espacio— en las personas. Avenidas anchas, velocidades altas, cruces largos, banquetas inexistentes o rotas, pasos peatonales escasos, transporte público insuficiente. En ese modelo, el error humano se paga con la vida.
La movilidad centrada en el automóvil no solo pone en riesgo a peatones, ciclistas o personas con discapacidad. También coloca a quienes conducen en una posición de vulnerabilidad. Les exige tomar decisiones en fracciones de segundo, asumir responsabilidades penales en un entorno que no está diseñado para reaccionar, frenar o cuidar.
Cuando una avenida parece una autopista, el mensaje es claro: avance, acelere, no se detenga. Cuando no hay cruces seguros, la ciudad empuja a las personas a arriesgarse. Cuando no existen protocolos de atención para personas en crisis mental en el espacio público, el abandono se vuelve mortal.
Aquí no hay villanas ni monstruos. Hay un sistema que privilegia la velocidad sobre la vida.
La mujer que conducía tal vez vaya a enfrentar un proceso penal. Cargará con una culpa que no le corresponde por completo. La mujer que murió cruzando esa avenida no tuvo acceso a contención, acompañamiento ni a una ciudad que la protegiera. Ambas fueron víctimas de una planeación urbana que normaliza el riesgo.
Hablar de movilidad con enfoque de personas implica repensar todo: límites de velocidad reales, calles completas, infraestructura peatonal digna, transporte público eficiente, atención en salud mental, campañas de prevención y, sobre todo, un cambio cultural que deje de medir el éxito de una ciudad por la fluidez del tráfico.
Las ciudades no deberían obligarnos a elegir entre llegar rápido o llegar vivos. Tampoco deberían convertir a las personas conductoras en potenciales responsables de fallas estructurales. Una movilidad justa cuida a quien camina, a quien pedalea, a quien conduce y a quien, en un momento de vulnerabilidad, no puede protegerse solo.
Cada atropellamiento es una tragedia, sí. Pero también es un síntoma. Mientras sigamos construyendo ciudades para los autos y no para la vida, seguiremos sumando víctimas y buscando culpables equivocados.
La ciudad que hoy atropella puede ser distinta. Pero para eso, primero hay que aceptar que el problema no es individual: es estructural.
