Ciudad de México, 24 de febrero del 2026
El fallo de la Suprema Corte de Estados Unidos declaró inconstitucional que el gobierno del presidente Donald Trump impusiera ciertos aranceles comerciales bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (Ieepa), lo que anula la orden ejecutiva que amenazaba con gravámenes adicionales a países que exportaran petróleo a Cuba. Este dictamen abre la puerta a que naciones como México reanuden sus envíos de crudo a la isla sin riesgo de sanciones.
El problema legal surgió cuando la Corte determinó que el mandatario no podía usar la Ieepa para imponer toda una serie de aranceles y debía contar con autorización del Congreso. Como resultado, Trump tuvo que firmar una orden ejecutiva que pone fin a los impuestos y amenazas de gravámenes bajo esa ley.
Entre los aranceles retirados estaba el dirigido a cualquier país que suministre petróleo a Cuba, vigente desde el 29 de enero. Expertos destacan que, aunque la Casa Blanca podría aplicar otros instrumentos legales para imponer un arancel global del 15 por ciento, la amenaza específica contra naciones proveedoras de petróleo cubano ya no está vigente.
El abogado José Pertierra explicó que “la Suprema Corte es la ley suprema del país y neutraliza las órdenes ejecutivas del presidente”, lo que permitiría a México exportar crudo a la isla sin enfrentar aranceles estadounidenses por su decisión soberana.
El gobierno de Trump ha intentado involucrar discretamente a líderes empresariales de Estados Unidos para respaldar sus políticas hacia Cuba, aunque hasta el momento ninguna compañía ha expresado apoyo público. Esto refleja que algunos funcionarios buscan un cambio económico en la isla, incluyendo la apertura a la inversión privada y la compensación a empresas cuyos bienes fueron expropiados tras la revolución cubana, más que un cambio de régimen.
La administración estadounidense también presiona a terceros países para limitar la presencia de médicos cubanos, con resultados en Guatemala, y apoya demandas legales de empresas que reclaman propiedades expropiadas. Según John Kavulich, presidente del Consejo Comercial y Económico Estados Unidos-Cuba, hay 5,911 demandas con un valor actual de 9 mil millones de dólares, reflejando la complejidad de los intereses comerciales estadounidenses.
Al mismo tiempo, la Casa Blanca mantiene medidas de presión, como posibles aranceles, sanciones y regulaciones, mientras evalúa qué tipo de cambios busca en la isla. Las empresas estadounidenses buscan claridad sobre los objetivos de la política hacia Cuba, preocupadas de que las medidas políticas puedan afectar sus inversiones.
No obstante, se han registrado avances recientes: varias empresas privadas han recibido permisos para importar combustible y una compañía estadounidense obtuvo licencia para invertir en una firma cubana, aunque aún se esperan reglamentos para formalizar estas relaciones. Kavulich mantiene cierto optimismo, señalando que la administración Trump está más interesada en cómo se gestiona la infraestructura comercial y económica de Cuba que en imponer un cambio político directo.
En resumen, el fallo de la Suprema Corte, la retirada de aranceles y las negociaciones con empresas reflejan la compleja interacción entre política, economía y relaciones internacionales entre Estados Unidos y Cuba, dejando un escenario abierto a cambios futuros.
