Por: Laura Campos.
Esta semana, las imágenes de Mahahual volvieron a abrir una discusión incómoda: ¿qué estamos entendiendo por desarrollo? La transformación del paisaje para favorecer el turismo masivo y la infraestructura comercial dejó otra vez la sensación de que en México el concreto vale más que el entorno, y que la velocidad económica pesa más que la vida cotidiana de las personas.
La conversación puede parecer lejana para quienes viven en Monterrey, pero en realidad no lo es tanto.
Aquí también se han modificado espacios emblemáticos bajo una lógica similar. La demolición de los pasos pompeyanos y de la rotonda del Arco de la Independencia se justificó desde la necesidad de agilizar la circulación vehicular. Otra vez los autos al centro. Otra vez la ciudad reorganizada para recorrerla más rápido, aunque caminarla resulte cada vez más difícil.
El problema no es únicamente lo que se demuele. El problema es la visión de país que se construye cada vez que las personas quedan por debajo del concreto.
Durante décadas, México ha construido sus espacios públicos bajo una idea de progreso asociada a carriles, distribuidores viales y grandes proyectos de infraestructura. Mientras tanto, las banquetas desaparecen, los cruces seguros son insuficientes y el transporte público permanece rezagado. La movilidad peatonal parece una preocupación secundaria.
Detrás de cada espacio demolido hay una decisión política sobre quién importa más en la ciudad. Y casi siempre la respuesta favorece a los automóviles, no a las personas.
Las consecuencias son visibles. Personas adultas mayores, niñas y niños, personas con discapacidad, ciclistas y usuarios del transporte público enfrentan ciudades más hostiles y menos accesibles. La experiencia urbana se vuelve agotadora, desigual y riesgosa.
En Mahahual ocurre algo parecido desde otra dimensión: la ambiental. Bajo la promesa de crecimiento económico y turismo, el impacto ecológico queda reducido a un costo asumible. Manglares, playas y ecosistemas terminan subordinados a proyectos que privilegian la rentabilidad inmediata.
Lo preocupante es la repetición del patrón: primero la infraestructura, primero el comercio, primero la circulación. Después, las personas y el medio ambiente.
Y, sin embargo, hoy existe suficiente evidencia sobre el impacto de esas decisiones. Las ciudades con menos áreas verdes son más calientes y más contaminadas. La dependencia excesiva del automóvil deteriora la calidad del aire y reduce la convivencia social. La destrucción ambiental aumenta la vulnerabilidad frente a fenómenos climáticos cada vez más extremos.
Aun así, gran parte de las decisiones públicas siguen tomando como referencia un modelo de desarrollo acelerado y poco sostenible.
La discusión de fondo es qué significa realmente modernizar un país. Porque una ciudad moderna no tendría que medirse solo por la rapidez del tráfico, sino por la calidad de vida de quienes la habitan. Un destino turístico exitoso no debería construirse a costa de deteriorar el entorno que le da identidad.
México necesita replantear la relación entre desarrollo, movilidad y medio ambiente. Necesita ciudades pensadas para caminarse, convivirse y respirarse mejor. Necesita políticas urbanas y ecológicas que coloquen los derechos humanos al centro y no como un añadido tardío.
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