Grupos de defensa de los derechos civiles solicitaron a un tribunal federal suspender la entrada en vigor de una disposición de Arizona que convierte en delito estatal el ingreso o la permanencia de inmigrantes indocumentados en la entidad.
La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) informó que presentó una demanda para impedir la aplicación de la Sección 5 de la Proposición 314, cuya entrada en vigor está prevista para el próximo martes.
La organización sostiene que la medida viola la Cláusula de Supremacía de la Constitución de Estados Unidos, al considerar que la regulación en materia migratoria es una facultad exclusiva del gobierno federal.
La Proposición 314 fue aprobada por la Legislatura de Arizona en 2024 y posteriormente ratificada por los votantes del estado. No obstante, la aplicación de la Sección 5 permaneció suspendida mientras se resolvían litigios relacionados con una legislación similar en Texas.
La demanda fue presentada por la ACLU en representación del Proyecto de Derechos de Inmigrantes y Refugiados de Florence (FIRRP), con el objetivo de obtener una orden judicial que impida la implementación de la norma mientras se analiza su constitucionalidad.
Tara DeGeorge, directora legal de la ACLU de Arizona, advirtió que la disposición permitiría a las autoridades estatales y locales incurrir en prácticas que calificó como inconstitucionales, entre ellas discriminación racial, arrestos y detenciones ilegales.
Además, la organización alertó que la aplicación de la medida podría incrementar la carga sobre el sistema judicial y penitenciario del estado, así como generar violaciones al debido proceso para las personas migrantes.
Los grupos civiles buscan que el tribunal federal resuelva primero la constitucionalidad de la disposición antes de que las autoridades puedan comenzar a aplicarla.
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