La recién nacida Diana Laura, integrante de una familia de la comunidad triqui residente en la Ciudad de México, permaneció durante siete días en el Hospital Pediátrico Peralvillo mientras autoridades verificaban su filiación materna, luego de que sus padres no pudieran presentar una constancia de alumbramiento debido a que la niña nació en su domicilio.
Laura Ramírez y Gabino Santiago López señalaron que la bebé nació el 24 de septiembre de manera imprevista. Tres días después acudieron a recibir atención médica para revisar a la madre y a la recién nacida. Posteriormente, la menor quedó bajo resguardo del hospital, donde, según los padres, se les informó que no podían llevársela hasta acreditar legalmente el nacimiento y comprobar el vínculo familiar.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó que el hospital notificó el caso el 29 de septiembre. La dependencia explicó que la madre había señalado que la niña nació cinco días antes en su casa y que ninguna de las dos contaba con documentación oficial que acreditara el nacimiento. Ante ello, se inició una investigación y se dio intervención a la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF CDMX.
El 30 de septiembre fueron tomadas muestras genéticas a la madre y a la bebé. El 4 de octubre, un dictamen pericial confirmó la filiación materna, por lo que la menor fue reintegrada con su madre. Durante su permanencia en el hospital, las autoridades reportaron que se encontraba estable.
Sin embargo, la familia denunció que el procedimiento estuvo acompañado de discriminación y racismo hacia personas indígenas. Durante una protesta frente a la Fiscalía, integrantes de la comunidad triqui exigieron una disculpa pública, reparación integral del daño y garantías de no repetición.
La familia recibió acompañamiento de instituciones dedicadas a la atención de pueblos indígenas y derechos humanos. La Fiscalía defendió su actuación bajo el argumento de que buscaba proteger el interés superior de la niña y garantizar su derecho a la identidad.
El caso abrió un debate sobre los mecanismos institucionales para acreditar la identidad y filiación de menores nacidos fuera de hospitales, particularmente cuando se trata de familias indígenas que recurren a prácticas comunitarias y tradicionales.
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