Margarita López Pérez y Brenda María Valenzuela Gil, madres de personas desaparecidas, presentaron el 7 de octubre una demanda de amparo indirecto contra la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy, así como contra los titulares de las 32 fiscalías estatales y sus áreas especializadas en desaparición.
Las promoventes reclaman la presunta omisión de garantizar que el Banco Nacional de Datos Forenses opere de manera interconectada y en tiempo real con las bases de información de las entidades del país. Según los argumentos difundidos sobre la demanda, la falta de conexión obliga a las fiscalías a intercambiar información mediante oficios, un mecanismo que puede retrasar el cruce de datos y la identificación de cuerpos y restos.
Las madres solicitaron una suspensión del acto reclamado para que las autoridades conecten sus sistemas con el Banco Nacional. Sin embargo, la información disponible no confirma que la medida haya sido concedida ni que exista una resolución judicial sobre la petición.
De acuerdo con el planteamiento de las promoventes, en diciembre de 2022 se firmaron Bases de Colaboración para establecer la interconexión, aunque cuestionan la falta de información pública sobre su funcionamiento efectivo. También señalan que el sitio oficial del sistema no se encuentra operativo, aunque este señalamiento tampoco constituye una determinación judicial.
El Diario Oficial de la Federación publicó el 11 de mayo de 2023 el aviso que estableció el 29 de mayo como fecha de inicio de operaciones del Banco Nacional de Datos Forenses y del Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas.
Las promoventes sostienen que las deficiencias en el intercambio de información pueden provocar que cuerpos y restos permanezcan sin identificar mientras sus familias continúan buscándolos. Argumentan que cada día sin una interconexión efectiva prolonga la incertidumbre y equiparan ese sufrimiento con actos de tortura.
La demanda busca que un tribunal revise las presuntas omisiones y ordene medidas para mejorar la conexión entre registros. Hasta ahora, no se ha precisado públicamente el juzgado o número de expediente ni se ha confirmado su admisión.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación también ha señalado que la puesta en marcha de estos registros estuvo relacionada con una ejecutoria de amparo de 2022, antecedente distinto a la acción presentada el 7 de octubre.
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