Organizaciones ambientales denunciaron que la localidad de Las Choapas, Veracruz, continúa contaminada por hidrocarburos tras el incendio del Pozo Krem-1, propiedad de Petróleos Mexicanos (Pemex), ocurrido en marzo pasado y que se prolongó durante 150 días. Ante esta situación, exigieron a las autoridades implementar un plan integral de remediación para atender los daños ambientales y los posibles riesgos a la salud de la población.
El Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz Bety Cariño, CartoCrítica y Greenpeace, entre otras agrupaciones, expresaron su preocupación por la exposición de habitantes cercanos al sitio a sustancias potencialmente cancerígenas.
Como parte de una investigación, Greenpeace recolectó el 18 y 19 de agosto seis muestras de suelo, tres de sedimentos y siete de agua en las inmediaciones del pozo. Los materiales fueron analizados en laboratorios bajo estándares certificados y los resultados identificaron indicios de contaminación por petróleo, incluidos compuestos asociados con el desarrollo de cáncer.
Entre los hallazgos destacó la presencia de benzo[a]pireno, sustancia considerada cancerígena para los seres humanos. De acuerdo con las organizaciones, en las muestras de agua sus concentraciones superaron entre 61 y 113 veces los límites establecidos por referencias internacionales. El compuesto también apareció en la mayoría de las muestras recolectadas.
Asimismo, cuatro muestras de sedimentos presentaron concentraciones de antraceno que excedieron entre ocho y 18 veces los valores de referencia. Este compuesto es considerado posiblemente cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Las agrupaciones señalaron que los resultados también evidencian limitaciones en la regulación mexicana, pues la NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012 establece criterios para suelos, pero no contempla adecuadamente otros ecosistemas acuáticos ni regula sustancias como el antraceno. Además, afirmaron que sus límites son más permisivos que algunos parámetros ecológicos internacionales.
Por ello, demandaron que Pemex, la Secretaría de Energía y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente atiendan los daños de manera transparente y con una perspectiva de largo plazo. También pidieron reforzar la supervisión de las operaciones del sector hidrocarburos y garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental.
Finalmente, reiteraron su llamado a frenar la expansión de proyectos basados en combustibles fósiles y priorizar la protección de las comunidades y los ecosistemas afectados.
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