Monterrey, Nuevo León, 17 de noviembre de 2026. En medio de la controversia que enfrenta la diputada Lorena de la Garza por la fumigación de un parque durante el paso de las mariposas monarca, el Congreso de Nuevo León quedó bajo cuestionamiento por las restricciones impuestas a representantes de los medios de comunicación.
Este martes, personal de seguridad del recinto legislativo negó el ingreso al periodista Missael Dávila, corresponsal de UnoTV, quien acudió para realizar su trabajo informativo.
De acuerdo con los reportes, los guardias argumentaron que su nombre no aparecía en una lista de prensa, a pesar de que el comunicador se identificó como representante de un medio nacional.
El incidente ocurrió días después de que Dávila cuestionara públicamente a Lorena de la Garza por sus anteriores críticas al PAN y su actual acercamiento político con ese partido.
Aunque no se ha acreditado que exista una instrucción de la legisladora para impedir su ingreso, la coincidencia ha generado cuestionamientos sobre los criterios de acceso y el trato que reciben los periodistas que formulan preguntas incómodas.
La situación adquirió otra dimensión cuando, mientras ciudadanos se manifestaban en el exterior del Congreso para exigir la destitución de De la Garza por el caso de las mariposas monarca, también se reportó el cierre de accesos al edificio.
Según los testimonios proporcionados sobre la jornada, periodistas que se encontraban dentro del recinto quedaron sin posibilidad de salir a cubrir la protesta, mientras que otros enfrentaron restricciones para ingresar.
De confirmarse estas circunstancias, la medida habría obstaculizado la cobertura de una manifestación ciudadana directamente relacionada con una legisladora bajo escrutinio público.
Ante lo ocurrido, la Red de Periodistas del Noreste de México emitió este 17 de noviembre un pronunciamiento en respaldo a Missael Dávila, en el que condenó la negativa de acceso y la calificó como un acto de censura.
La organización exigió una explicación pública sobre los motivos de la restricción, garantías para el libre ejercicio periodístico y respeto a los artículos 6 y 7 constitucionales.
También cuestionó la falta de avances legislativos para derogar los delitos contra el honor del Código Penal estatal, al considerar que su permanencia representa un riesgo para la libertad de expresión.
El contraste resulta significativo: mientras en el exterior ciudadanos exigían rendición de cuentas, en el interior del Congreso se reportaban obstáculos para que los medios documentaran esa exigencia.
La libertad de prensa no puede depender de si las preguntas resultan cómodas para quienes ejercen el poder.
Ahora corresponde a las autoridades del Congreso explicar quién ordenó restringir los accesos, cuáles fueron los criterios aplicados y por qué se impidió el ingreso de un periodista acreditado ante un medio nacional.
Porque un Congreso que debe rendir cuentas a la ciudadanía también debe garantizar que los periodistas puedan formular preguntas, documentar protestas y ejercer su trabajo sin restricciones arbitrarias.



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