Monterrey, Nuevo León, 17 de noviembre de 2026. La controversia por la fumigación de un parque donde descansaban mariposas monarca se ha convertido en una exigencia ciudadana de responsabilidades políticas contra la diputada Lorena de la Garza.
La petición publicada en Change.org para solicitar su destitución se aproxima a las 200 mil firmas. Una captura de la plataforma registra 165 mil 567 apoyos verificados, cifra que refleja la magnitud de la inconformidad por lo ocurrido en el parque Rincón de los Encinos, en la zona de Sierra Alta.
El caso comenzó cuando personal vinculado al equipo de la legisladora realizó labores de fumigación antes de una jornada de vacunación, precisamente durante la temporada migratoria de la mariposa monarca.
Aunque De la Garza reconoció públicamente que se trató de un error y ofreció disculpas, la controversia escaló hasta provocar la intervención de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), que ordenó suspender las fumigaciones y solicitó información para evaluar posibles daños ambientales.
Pero el cuestionamiento ciudadano ya no se limita a las mariposas.
La actuación de la legisladora también ha abierto interrogantes sobre los límites de sus atribuciones y la responsabilidad de las autoridades municipales.
Mientras la diputada enfrenta una creciente exigencia de destitución, permanece sin esclarecerse públicamente bajo qué autorizaciones se realizaron estas actividades, quién proporcionó los insumos médicos, qué protocolos sanitarios se siguieron y qué dependencia autorizó la aplicación de sustancias químicas en un espacio público.
La controversia también alcanza al Ayuntamiento de Monterrey, encabezado por Adrián de la Garza, responsable de la administración municipal y cuya intervención en la autorización o supervisión de estas actividades debe aclararse.
La legisladora sostuvo que la intención era combatir al mosquito transmisor del dengue y aseguró que no se encontraron mariposas afectadas. Sin embargo, las autoridades ambientales mantienen abierto el procedimiento para determinar posibles responsabilidades.
Lo que comenzó como una jornada de atención ciudadana terminó convirtiéndose en un cuestionamiento sobre el ejercicio del poder público.
Y mientras crece la petición de destitución, dos preguntas siguen esperando respuestas:
¿Por qué una legisladora anda organizando jornadas de vacunación cuando su responsabilidad principal es legislar?
¿Y por qué el Ayuntamiento de Monterrey permite que se realicen fumigaciones en parques públicos sin que se hayan aclarado las autorizaciones y protocolos correspondientes?



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