Tres personas fueron detenidas por la desaparición y homicidio del menor; el ayuntamiento de La Paz exige justicia y acompaña a la madre en el proceso
Un hecho atroz sacudió al municipio de La Paz, Estado de México, donde un niño de cinco años, identificado como Fernando, fue encontrado sin vida dentro de una vivienda en la colonia Ejidal El Pino, tras haber sido presuntamente retenido como “garantía” por una deuda de mil pesos que su madre no pudo pagar.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó la detención de tres integrantes de una familia –Carlos N, Ana Lilia N y Lilia N– como presuntos responsables de los delitos vinculados a la desaparición y muerte del menor. Todos fueron ingresados al penal estatal de Nezahualcóyotl, donde un juez determinará su situación jurídica.
De acuerdo con las investigaciones, el 28 de julio, las dos mujeres acudieron al domicilio de la madre de Fernando, Noemí, para exigir el pago de una deuda. Ante la negativa de la mujer por no tener dinero, le arrebataron al niño con la amenaza de que no lo devolverían hasta que liquidara el monto.
Noemí intentó recuperar a su hijo en diversas ocasiones, acudiendo al domicilio de los presuntos responsables, pero nunca se lo permitieron ver. Finalmente, el 4 de agosto denunció la desaparición ante la Fiscalía.
Ese mismo día, agentes de la Policía de Investigación y policías municipales catearon el domicilio señalado, donde encontraron el cuerpo del menor oculto intencionalmente. El inmueble fue asegurado y los implicados fueron arrestados.
Exigen justicia y atención a la familia
La madre de Fernando exigió justicia por el asesinato de su hijo, mientras el gobierno municipal de La Paz, encabezado por la alcaldesa Martha Guerrero Sánchez, emitió un comunicado en el que lamentó profundamente los hechos, expresó su indignación y reiteró que acompaña a la familia en su dolor.
A través del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), el ayuntamiento aseguró que se brindará atención jurídica, psicológica y social a los familiares del menor, así como seguimiento puntual al proceso judicial.
El crimen ha generado conmoción y repudio en la comunidad, reavivando la discusión sobre la impunidad y la violencia infantil en el país.
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