Monterrey, 31 de octubre del 2025
El Congreso del Estado de Chiapas aprobó la Ley de Interrupción Legal del Embarazo de Niñas y Adolescentes, con la cual se garantiza el acceso a un procedimiento médico seguro, gratuito y confidencial para menores que hayan sido víctimas de violación.
De acuerdo con la nueva normativa, las instituciones del Sistema Estatal de Salud deberán proporcionar el servicio de interrupción del embarazo en estos casos y dar aviso a las autoridades competentes para la investigación del delito.
La iniciativa fue impulsada por las diputadas Marcela Castillo, Rosa Linda López Sánchez, Elvira Catalina Aguiar Álvarez, Getsemaní Moreno Martínez, Ana Karen Ruiz Coutiño, Andrea Negrón Sánchez y Faride Abud García, ante la alarmante cifra que coloca a Chiapas como el estado con mayor número de embarazos infantiles en el país.
Durante su intervención, la diputada Marcela Castillo señaló que cada año más de mil niñas menores de 15 años se convierten en madres en la entidad, y que la mayoría de estos embarazos son consecuencia de abusos sexuales, según datos del INEGI y la Secretaría de Salud.
Las legisladoras subrayaron que estos casos no reflejan amor ni consentimiento, sino violencia sexual amparada por la indiferencia institucional. Además, destacaron que la situación se agrava en comunidades indígenas, donde las condiciones de pobreza, marginación y barreras lingüísticas dificultan aún más el acceso a la justicia y a los servicios de salud.
Castillo enfatizó que defender la interrupción legal del embarazo en menores significa proteger su derecho a decidir, a sanar y a vivir con dignidad, y recalcó que no se trata de una cuestión ideológica, sino de justicia y derechos humanos.
Datos de la legislatura estatal revelan que los delitos de pederastia, violación y estupro contra niñas, niños y adolescentes aumentaron un 12 % entre enero y agosto de 2025, en comparación con el mismo periodo de 2023, lo que equivale a 36 casos adicionales. Las diputadas concluyeron que garantizar el acceso a la interrupción legal del embarazo no solo es un asunto de salud pública, sino también de justicia social y cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por México en materia de derechos de la niñez y las mujeres.
