Monterrey, 14 de noviembre del 2025
El gobierno de Estados Unidos oficializó recientemente la firma de un “Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíprocos” con Argentina. Aunque las autoridades aseguran que el pacto busca promover el crecimiento económico y generar nuevas oportunidades, el análisis de sus principales puntos, sumado a la opinión de varios economistas, ha generado crecientes críticas, calificándolo como un “acuerdo de carácter colonial” que estaría dirigido contra China y que podría afectar los recientes convenios entre la Unión Europea y el Mercosur.
En una declaración conjunta, el presidente estadounidense Donald Trump y su par argentino Javier Milei reafirmaron la alianza estratégica entre ambos países, destacando valores compartidos como la democracia, la libre empresa y los mercados abiertos.
La firma del acuerdo generó alarma en diversos sectores nacionales. Según “Juristas Asociados” y otras organizaciones en formación, el pacto representa no solo un impacto económico, sino también una amenaza político-social contra la soberanía del país.
En paralelo, bajo la presión del Fondo Monetario Internacional, Milei avanza con decretos que organizaciones sociales consideran “medidas impopulares e insostenibles” para la población. Las tensiones se evidenciaron en un reciente operativo policial contra un grupo de jubilados que marchaban pacíficamente al Congreso, dejando varios heridos.
En el ámbito judicial, el ex ministro de Producción Julio de Vido, ligado a los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, fue detenido de manera sorpresiva, a pesar de que por su edad le correspondería prisión domiciliaria y de que la causa que se reabrió ya había sido sobreseída.
Fernández de Kirchner, actualmente en prisión domiciliaria y proscrita políticamente, denunció que el gobierno reabre causas judiciales cerradas como parte de un “escenario teatral” para perseguir opositores. Advirtió además que la administración de Milei busca incluso afectar los derechos y bienes de su familia, y expuso casos de torturas y presiones para que ciertos acusados se presentaran como “arrepentidos” en juicios, calificando la situación como “persecución política con métodos propios de dictaduras”.
La ex presidenta señaló también la participación de fiscales y jueces vinculados al macrismo, acusándolos de proteger a delincuentes y perseguir a la oposición. Finalmente, denunció que la intervención de Estados Unidos, a través de préstamos y acuerdos financieros, constituye “colonialismo económico con complicidad local”, priorizando los beneficios externos sobre la soberanía y bienestar de Argentina.
