Ciudad de México, 15 de enero del 2026
La secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, confirmó que su dependencia tiene abiertas varias investigaciones relacionadas con el descarrilamiento del tren Interoceánico ocurrido el 28 de diciembre en Asunción Ixtaltepec, Oaxaca, que dejó 14 fallecidos y más de un centenar de heridos.
Buenrostro explicó que la labor de su secretaría incluye auditorías a todas las instituciones de gobierno, pero ante un evento de tal magnitud se hará un examen más detallado y específico para garantizar que se haga justicia. La funcionaria aclaró que no se trata de una investigación técnica sobre el descarrilamiento, sino de determinar si hubo omisiones de procesos o responsabilidades por parte de servidores públicos, empresas o proveedores que pudieron haber actuado de manera negligente.
Aunque la secretaría no realiza auditorías forenses, es decir, revisiones exhaustivas de procesos, hechos y evidencias para documentar posibles irregularidades, sí puede presentar denuncias ante la Fiscalía General de la República para que esta lleve a cabo dichos procedimientos.
Buenrostro destacó que ya existen investigaciones abiertas en casos de vulneración de datos personales, como el incidente con Telcel, y que su dependencia inicia procedimientos de oficio, en contraste con el pasado, cuando solo se actuaba tras denuncias previas.
La secretaria recordó que bajo el antiguo Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, muchas averiguaciones no se seguían, quedaban en los cajones y prescribían sin acción. Por ello, la actual administración busca fincar responsabilidades no solo contra los funcionarios que pudieran haber actuado mal, sino también contra quienes guardaron expedientes sin darles seguimiento, lo que permitió la prescripción de casos.
Con estas medidas, la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno refuerza la idea de un control más riguroso, buscando que los responsables rindan cuentas y que los procedimientos de auditoría y denuncia sean efectivos, evitando la repetición de omisiones que han afectado a la ciudadanía y la seguridad en proyectos públicos de gran impacto.
