La Ciudad de México se encamina hacia una nueva regulación del mercado inmobiliario con la iniciativa de Ley de Rentas Justas, Razonables y Asequibles, impulsada por la jefa de Gobierno Clara Brugada Molina. El proyecto será enviado al Congreso local en los próximos días y busca evitar que los incrementos en los alquileres superen la inflación anual.
La propuesta forma parte de una estrategia para contener el encarecimiento de la vivienda en la capital, donde en los últimos años se ha registrado una creciente presión sobre los precios de renta en diversas zonas.
Entre las medidas planteadas destaca la creación de una Defensoría Inquilinaria, organismo que brindaría respaldo legal tanto a arrendadores como a inquilinos, además de atender conflictos relacionados con desalojos, en línea con un enfoque social de la administración capitalina.
La iniciativa también se vincula con acciones previas como el Bando 1, presentado en 2025, que incluyó diversas estrategias para regular el mercado, entre ellas un índice de precios de alquiler razonable y medidas para frenar la gentrificación.
No obstante, especialistas han advertido posibles efectos adversos. Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA México, señaló que limitar las rentas podría desincentivar la inversión en vivienda, reduciendo la oferta disponible y generando, a mediano plazo, un efecto contrario al buscado: el aumento de precios por escasez.
Como parte de su política habitacional, el gobierno capitalino también anunció la construcción de 4,500 viviendas en el Centro Histórico durante 2026, con una inversión superior a mil millones de pesos y esquemas accesibles para la población.
La discusión de esta ley se llevará a cabo en las próximas semanas en el Congreso de la ciudad, en medio de un debate sobre su impacto en el acceso a la vivienda y el equilibrio del mercado inmobiliario.
