Ciudad de México, 11 de febrero del 2026
En la III Cumbre Internacional sobre el Uso Responsable de la Inteligencia Artificial en el Ámbito Militar (REAIM), celebrada en A Coruña, solo 35 de los 85 países participantes firmaron una declaración no vinculante para garantizar un uso seguro y responsable de la IA militar. Entre los ausentes se encuentran China y Estados Unidos, actores clave en el desarrollo tecnológico militar.
El objetivo del encuentro fue fomentar un diálogo internacional inclusivo que permita aprovechar la IA en defensa sin comprometer la seguridad internacional ni el cumplimiento del derecho internacional humanitario. El documento firmado resalta que la IA puede mejorar la protección del personal militar y de civiles, y respaldar decisiones más oportunas, siempre como herramienta de apoyo al juicio humano, sin sustituirlo.
La declaración advierte sobre riesgos significativos: errores de cálculo, sesgos algorítmicos, pérdida de control humano y posibles escaladas involuntarias de conflictos. Por ello, insta a aplicar el principio de “responsabilidad desde el diseño”, integrando criterios éticos desde la planificación hasta el retiro de los sistemas. Además, se subraya que la responsabilidad legal y ética recae en los Estados y operadores, evitando vacíos de rendición de cuentas.
Entre las recomendaciones, se encuentran evaluaciones periódicas de riesgo, supervisión frente a ciberataques y comportamientos emergentes, y el mantenimiento de registros de auditoría y documentación que garanticen trazabilidad y explicabilidad. Asimismo, se enfatiza la necesidad de cadenas de mando claras para asegurar responsabilidad individual en operaciones con IA.
El rechazo de varios países refleja la tensión geopolítica, el temor a limitar el avance tecnológico frente a competidores estratégicos y la incertidumbre sobre compromisos a largo plazo. Según Ruben Brekelmans, ministro de Defensa de Países Bajos, aunque Rusia y China avanzan rápidamente, es crucial equilibrar innovación y uso responsable de la IA. Estados Unidos, históricamente reticente, ha declinado participar en convenios internacionales similares, priorizando la competitividad tecnológica sobre la regulación.
