Monterrey, 16 de febrero del 2026
El Congreso del Estado aprobó un exhorto para que la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León (ASE) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiguen a la organización civil Reforestación Extrema por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos, incluyendo la existencia de supuestos “árboles fantasma”.
La propuesta fue presentada por la diputada del PAN, Claudia Caballero Chávez, quien argumentó que existen anomalías financieras en el convenio firmado entre la asociación, encabezada por Cosijoopii Montero, y la Secretaría de Medio Ambiente estatal. Entre los señalamientos se mencionan facturas repetidas, discrepancias en el número y tamaño de árboles plantados, así como costos elevados por servicios como pipas de agua.
Sin embargo, desde Movimiento Ciudadano rechazaron los señalamientos y acusaron que el exhorto tiene un trasfondo político.
La coordinadora de la bancada naranja, Sandra Pámanes Ortiz, sostuvo que el proyecto de reforestación en la Alameda fue ejecutado por el municipio de Monterrey y no directamente por el Gobierno del Estado, por lo que consideró que el exhorto responde a un “golpeteo político”.
Pámanes aseguró que las facturas observadas corresponden a pagos parciales y negó que exista falta de transparencia en el convenio. “No hay elementos que acrediten un uso indebido de recursos; se está intentando generar una narrativa sin sustento técnico”, señalaron legisladores del partido durante la discusión.
Pese a la postura de Movimiento Ciudadano, el exhorto fue aprobado con 30 votos a favor y nueve abstenciones. Con ello, el Congreso instruyó a la ASE a realizar una revisión detallada del convenio 2023-2025 entre la Secretaría de Medio Ambiente y Reforestación Extrema.
Además, se solicitó efectuar un censo físico para verificar que las especies, altura y grosor de los árboles coincidan con lo facturado, así como pedir a la UIF estatal el rastreo del flujo de recursos para descartar posibles irregularidades.
También se exhortó al secretario de Medio Ambiente, Raúl Lozano Caballero, a realizar una inspección física abierta para explicar los criterios de validación de las facturas.
Mientras avanzan las investigaciones, Movimiento Ciudadano mantiene su postura de que el proyecto fue ejecutado conforme a la normatividad y que las acusaciones forman parte de una estrategia de confrontación política en el Congreso.
