Ciudad de México, 20 de febrero del 2026
Un informe del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) denuncia que periodistas palestinos detenidos en cárceles israelíes entre octubre de 2023 y enero de 2026 fueron víctimas de “abusos sistemáticos”, incluyendo tortura, violencia física y tratos degradantes. El organismo, con sede en Nueva York, entrevistó a 59 corresponsales, de los cuales todos menos uno afirmaron haber sufrido algún tipo de maltrato durante su detención.
La directora del CPJ, Jodie Ginsberg, instó a la comunidad internacional a tomar medidas frente a los hechos documentados. Según el reporte, los testimonios presentan patrones consistentes que apuntan a algo más que incidentes aislados. Entre las denuncias se incluyen palizas, violencia sexual, inmovilizaciones en posiciones dolorosas, exposición prolongada a música a alto volumen, ruidos intensos y otras formas de intimidación.
El periodista Ahmed Abdel Aal relató que fue mantenido durante cinco días con los ojos vendados, desnudo y golpeado en un centro de detención, mientras se reproducía música a volumen ensordecedor. Según su testimonio, cuando perdía el conocimiento era reanimado con descargas eléctricas o golpes. Otro comunicador, que solicitó permanecer en el anonimato por temor a represalias, describió experiencias similares en lo que los detenidos denominan la “sala de discoteca”, donde aseguró haber sido atado y golpeado de forma reiterada.
Además de la violencia física, el informe señala condiciones insalubres, falta de atención médica y privación de alimentos. De acuerdo con el CPJ, los periodistas entrevistados perdieron en promedio 23.5 kilos durante su reclusión, lo que refleja un deterioro significativo en su estado de salud.
El organismo ha documentado la detención de al menos 94 periodistas palestinos y un trabajador de medios en el periodo analizado: 32 en Gaza, 60 en Cisjordania y dos en Israel. Hasta el 19 de febrero de 2026, 30 permanecían bajo custodia.
El informe concluye que la situación representa una grave amenaza a la libertad de prensa y exige una investigación independiente para esclarecer las denuncias y garantizar la protección de los comunicadores en contextos de conflicto.
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