A casi dos décadas de la despenalización del aborto hasta las 12 semanas en la Ciudad de México, organizaciones feministas consideran incongruente que este procedimiento —reconocido como un servicio de salud— siga contemplado dentro del Código Penal. Por ello, exhortan al Congreso local a resolver lo que califican como una deuda histórica.
En un posicionamiento conjunto, señalaron que la lucha feminista no solo ha buscado garantizar el acceso a un aborto seguro, sino también erradicar el estigma, la discriminación y la imposición de la maternidad, además de asegurar condiciones dignas para quienes deciden ejercerla.
Aunque reconocen avances en la política pública en la capital, subrayan que estos han sido limitados. Persistir en la penalización, afirman, mantiene la criminalización de quienes ejercen su derecho a decidir y contradice principios de derechos humanos, como ya lo ha indicado la Suprema Corte.
Diversas organizaciones también recordaron que la Ciudad de México concentra el mayor número de investigaciones por aborto en el país. Entre 2015 y febrero de 2026 se han registrado mil 587 casos, y solo en 2025 se alcanzó una cifra récord de 244, la más alta tanto a nivel local como nacional.
Finalmente, activistas insistieron en que eliminar el aborto del ámbito penal es indispensable para acabar con las barreras legales e institucionales que aún enfrentan mujeres, niñas y personas gestantes, y para garantizar plenamente su derecho a decidir.
