El Senado de la República aprobó una reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que crea la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, un órgano que tendrá como objetivo identificar posibles riesgos relacionados con vínculos delictivos entre personas aspirantes a cargos de elección popular antes de su registro ante el Instituto Nacional Electoral (INE).
La iniciativa fue avalada durante una sesión realizada en la madrugada del viernes, obteniendo mayoría de votos tanto en lo general como en lo particular. Al tratarse de modificaciones a una ley secundaria, el decreto será remitido al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
La discusión se desarrolló mediante un procedimiento legislativo excepcional. Aunque la propuesta había sido enviada inicialmente a comisiones para su análisis, el trámite fue retirado y el pleno asumió directamente su discusión bajo la figura de urgente resolución, lo que permitió omitir el proceso ordinario de dictaminación.
De acuerdo con la reforma, la nueva comisión recibirá información de partidos políticos y candidaturas independientes interesadas en participar en procesos electorales federales y locales. Con esos datos, realizará evaluaciones para determinar si existen indicios que representen un riesgo razonable de relación con actividades ilícitas.
Para llevar a cabo estas revisiones, el organismo podrá coordinarse con diversas dependencias federales, entre ellas la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
La participación en este mecanismo será voluntaria y tanto los partidos como las candidaturas podrán decidir el nivel de información que entregarán. Asimismo, los resultados tendrán únicamente carácter informativo, por lo que la comisión no tendrá facultades para bloquear registros, cancelar candidaturas o imponer sanciones.
La reforma también establece que el INE será responsable de emitir las reglas de operación del nuevo organismo, incluyendo criterios de análisis, plazos de actuación y medidas de protección de datos personales. Su funcionamiento deberá financiarse con los recursos ya asignados al instituto, sin generar un presupuesto adicional.
Entre los cambios incorporados durante el proceso legislativo destaca la reducción del número de integrantes de la comisión. Mientras la propuesta original contemplaba cinco consejeros electorales, la versión aprobada establece que estará conformada por tres miembros, con una presidencia rotativa anual. El nuevo órgano deberá quedar instalado y en funcionamiento antes del inicio del proceso electoral de 2027, año en el que se renovará la Cámara de Diputados y se celebrarán elecciones para gubernaturas en diversas entidades del país.
