Un nuevo asesinato contra un defensor indígena y ambientalista vuelve a poner bajo la lupa la violencia que enfrentan las comunidades originarias de la Amazonía peruana. Américo Pascuala Tomisha, líder ashéninka de 57 años, fue asesinado mientras realizaba labores de vigilancia territorial en una zona boscosa de la región de Ucayali, en el este de Perú, cerca de la frontera con Brasil.
El Ministerio de Cultura de Perú confirmó el crimen y señaló que el dirigente murió el pasado domingo mientras efectuaba acciones para proteger el territorio de su comunidad. El asesinato ocurrió en una zona apartada donde anteriormente se han registrado otros ataques mortales contra integrantes de pueblos indígenas.
De acuerdo con la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU), que agrupa a 20 organizaciones indígenas de la región, Pascuala recibió impactos de arma de fuego durante un enfrentamiento ocurrido en tierras comunales. La organización señaló que el conflicto habría involucrado a terceros que presuntamente extraían aceite de copaiba, un producto utilizado por las comunidades en la medicina tradicional y también en la elaboración de barnices.
El dirigente había advertido desde 2020 sobre la presencia de invasores dentro de su comunidad, en un contexto marcado por la presión sobre los territorios indígenas debido a actividades relacionadas con la explotación de los recursos naturales y la deforestación.
Las amenazas contra quienes defienden la selva se han convertido en una preocupación recurrente en esta región. Los líderes comunitarios que denuncian la ocupación ilegal de tierras y la explotación de los recursos amazónicos se encuentran particularmente expuestos a agresiones.
Tras conocerse el asesinato, Herlin Odicio, vicepresidente de ORAU, condenó el crimen y exigió que no quede impune. El dirigente lamentó que hechos de esta naturaleza continúen ocurriendo en la Amazonía y llamó a las autoridades a actuar.
El caso de Pascuala refleja los riesgos que enfrentan los pueblos indígenas en la defensa de sus territorios y recursos naturales, así como la creciente tensión provocada por la presencia de personas ajenas a las comunidades en zonas protegidas.
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