El director general del Instituto de la Vivienda de Nuevo León, Eugenio Montiel Amoroso, asumirá la Vicepresidencia del Consejo Nacional de Organismos Estatales de Vivienda (CONOREVI), como parte de la renovación de su Comité Directivo para el nuevo periodo de gestión.
La designación permitirá a Nuevo León fortalecer su participación en los espacios nacionales de coordinación y diálogo en materia habitacional, además de estrechar la colaboración entre los organismos estatales de vivienda y las instituciones federales encargadas de esta política pública.
Uno de los principales retos será contribuir, desde la experiencia de las entidades, a la implementación del programa Vivienda para el Bienestar, que contempla la construcción de 1.8 millones de viviendas durante el sexenio. Para 2026, el programa establece como objetivo formalizar otras 400 mil viviendas a nivel nacional.
En Nuevo León, la meta planteada por el Gobierno de México es de 80 mil viviendas, mediante acciones del INFONAVIT, CONAVI y FOVISSSTE, además de programas de regularización patrimonial. La magnitud de estos objetivos requiere una coordinación permanente entre los gobiernos federal, estatales y municipales.
De acuerdo con el Instituto de la Vivienda estatal, la experiencia de Nuevo León en la atención del rezago habitacional y en la coordinación entre instituciones permitirá aportar una perspectiva práctica a la agenda nacional, particularmente sobre los obstáculos que enfrentan los estados para ampliar la oferta de vivienda.
Montiel Amoroso consideró que su nueva responsabilidad representa una oportunidad para que Nuevo León contribuya a convertir los objetivos nacionales en resultados concretos.
“Los grandes objetivos del Programa Vivienda para el Bienestar se traduzcan en resultados, y para eso necesitamos coordinación, diálogo y trabajo conjunto entre la Federación y los estados”, señaló.
Con su incorporación a la dirigencia de CONOREVI, Nuevo León refrenda su disposición de colaborar con el Gobierno de México, así como con las administraciones estatales y municipales, para impulsar una política habitacional orientada a generar certeza jurídica, mejores condiciones urbanas y oportunidades para las familias.
El reto, plantea el organismo estatal, no consiste únicamente en incrementar el número de viviendas, sino en contribuir a que estas representen patrimonio, seguridad y hogares dignos para quienes las habiten.
