Cientos de escuelas secundarias permanecían parcial o totalmente bloqueadas este lunes en distintas regiones de Francia, como parte de una ola de protestas estudiantiles contra la falta de recursos, el déficit de profesores y el deterioro de las condiciones de enseñanza. El Ministerio de Educación reportó que 413 centros registraban acciones de protesta o perturbaciones, una cifra 27 por ciento menor que la registrada el viernes, aunque los sindicatos estudiantiles convocaron a una nueva jornada nacional para el martes.
El movimiento comenzó a mediados de septiembre en la región de París y posteriormente se extendió a otras ciudades. Los estudiantes, principalmente jóvenes de entre 15 y 18 años, reclaman mejores condiciones educativas, horarios menos sobrecargados, aulas adecuadas y infraestructuras capaces de responder al incremento de las temperaturas.
La movilización también ha derivado en episodios de violencia. En Lens, un estudiante de 15 años perdió una mano durante una protesta. Según una fuente policial, el adolescente recogió una granada, mientras una fuente sindical señaló que se trataba de un artefacto de dispersión lanzado por agentes antidisturbios y que el joven habría intentado devolverlo antes de que explotara. Las circunstancias exactas del accidente continúan sujetas a las versiones de las fuentes citadas.
En la región de París, aproximadamente un tercio de los 468 centros de secundaria estaban afectados. En varios establecimientos, estudiantes se concentraron para corear consignas y exhibir pancartas, mientras algunos automovilistas expresaron su apoyo. En ciudades como Rennes también hubo movilizaciones, mientras que en Lille se reportaron daños en marquesinas de autobús, quema de contenedores e intervención policial.
El gobierno francés ha intentado responder a las demandas, aunque también acusa a sectores de la izquierda radical de impulsar las protestas. El ministro de Educación, Edouard Geffray, aseguró que 24 centros educativos han sido incendiados o saqueados desde el inicio del movimiento. Según el Ejecutivo, más de cinco mil personas han sido detenidas y 85 por ciento serían menores de edad.
Además, el gobierno impulsa una iniciativa para que quienes causen daños a bienes públicos cubran los costos de reparación. La propuesta incluso contempla descontar determinadas cantidades de ayudas sociales, medida rechazada por sindicatos y organizaciones de izquierda. Sophie Binet, dirigente de la CGT, calificó el proyecto como un “anuncio populista” y advirtió que podría perjudicar a familias vulnerables.
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