La presidenta Claudia Sheinbaum enviará al Congreso dos iniciativas legislativas: una para reformar la Ley de Aguas Nacionales y otra para crear una nueva Ley General del Agua. El objetivo es combatir irregularidades en el uso del recurso y sancionar con mayor severidad los delitos hídricos, evitando así su comercialización desmedida iniciada en sexenios anteriores.
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha detectado casi 59 mil irregularidades en concesiones, como acaparamiento por particulares, falsificación de documentos, pozos ilegales, y uso indebido de los permisos otorgados. Incluso se encontraron títulos con coordenadas erróneas, ubicadas en el mar o en otros países.
En su revisión, Conagua descubrió 145 mil trámites rezagados y más de 163 mil títulos vencidos. Algunas concesiones para uso agrícola se están usando con fines industriales, mientras que otras destinadas al suministro público urbano están en manos privadas. También se identificaron prácticas lucrativas ilegales como la venta de pipas de agua por hasta 3 mil pesos.
El gobierno ha recuperado 4,475 millones de metros cúbicos de agua y aumentado la recaudación en casi 3 mil millones de pesos. Además, se han realizado miles de inspecciones, clausuras y se habilitó un portal de denuncias ciudadanas para frenar el robo de agua.
Un nuevo decreto buscará regularizar las concesiones de pequeños productores y gobiernos locales, brindándoles seguridad jurídica en el uso del agua.
