Por: Laura Campos Guido – @laura_camposguido.
En las calles de nuestras ciudades hay personas que parecen formar parte del paisaje urbano. Caminamos junto a ellas, las esquivamos, aceleramos el paso, bajamos la mirada. No porque no existan, sino porque hemos aprendido a no verlas. Las personas en situación de calle se han convertido en una ausencia cotidiana, una presencia incómoda para la que ningún nivel de gobierno parece tener respuesta —ni voluntad.
La realidad es dura: no existe una política pública integral para atender a las personas en situación de calle en México. Hay programas aislados, esfuerzos fragmentados, operativos temporales que aparecen en temporada de frío o cuando la presión mediática aumenta. Pero no hay una estrategia sostenida, con enfoque de derechos humanos, que asuma esta problemática como una responsabilidad del Estado.
Municipios dicen que es un tema federal. Los estados argumentan que corresponde a los ayuntamientos. La federación habla de coordinación. Y mientras las responsabilidades se diluyen, las personas siguen durmiendo a la intemperie.
Detrás de cada persona en situación de calle hay una historia que rara vez se escucha. Hay quienes llegaron ahí tras perder un empleo, una enfermedad que se llevó los ahorros, una separación violenta, un desalojo, una adicción que comenzó como escape, una infancia marcada por el abandono. Nadie despierta un día y decide vivir en la calle como proyecto de vida. La calle es casi siempre el último eslabón de una cadena de exclusiones.
También están las mujeres. Las que duermen con un ojo abierto, las que cambian de lugar constantemente para evitar agresiones, las que cargan violencias invisibles. Las infancias que crecen sin certezas, sin escuela, sin protección. Las personas adultas mayores para quienes la vejez llegó sin red de apoyo. La calle no es igual para todas y todos; la calle multiplica las desigualdades.
Frente a este abandono institucional, son las organizaciones de la sociedad civil las que sostienen lo indispensable: comida caliente, cobijas, atención médica básica, escucha, acompañamiento. Lo hacen con recursos limitados, con voluntariado agotado, con donaciones que no alcanzan. Su trabajo es valioso, pero no puede ni debe sustituir al Estado.
La caridad no reemplaza a la política pública. La buena voluntad no sustituye derechos.
Hablar de personas en situación de calle no es hablar de “limpieza urbana” ni de “orden”. Es hablar de vivienda, de salud mental, de adicciones, de empleo, de sistemas de cuidado rotos, de desigualdad estructural. Es hablar de prevención, de atención integral y de reintegración social. Y sobre todo, es hablar de dignidad.
Mientras sigamos tratando esta realidad como un problema ajeno, temporal o incómodo, la ciudad seguirá fallando. Fallando en su responsabilidad básica: garantizar que nadie sea condenado a vivir y morir en la intemperie.
Las personas en situación de calle no necesitan compasión momentánea. Necesitan políticas públicas claras, presupuestos asignados y gobiernos que dejen de pasarse la responsabilidad. Porque una ciudad que abandona a quienes menos tienen no es una ciudad moderna ni justa: es una ciudad que decidió mirar hacia otro lado.
