Por: Laura Campos Guido – @laura_camposguido.
Durante años, en México se ha hablado de seguridad como si fuera sinónimo de fuerza, control y presencia armada. Patrullas, uniformes, operativos, despliegues. Sin embargo, la experiencia y la evidencia nos obligan a replantear el enfoque: la seguridad no se impone, se construye. Y se construye desde la ciudadanía, la convivencia y el respeto irrestricto a los derechos humanos.
Entender la seguridad como un bien público implica asumir que no pertenece a las corporaciones armadas ni es patrimonio exclusivo del Estado coercitivo. La seguridad es un derecho colectivo que se produce en comunidad: en calles iluminadas, en espacios públicos vivos, en escuelas seguras, en barrios donde las personas se conocen y confían entre sí. Donde hay tejido social, hay prevención.
La apuesta por la seguridad ciudadana parte de una premisa distinta: el centro no es el enemigo, sino la persona. No se trata de combatir a una población sospechosa, sino de garantizar condiciones para una vida libre de violencia. Esto exige políticas públicas que prioricen la prevención, la mediación de conflictos, la justicia cívica, la participación comunitaria y la corresponsabilidad social.
El enfoque de derechos humanos no debilita la seguridad; la fortalece. Cuando las instituciones respetan la dignidad, reducen la arbitrariedad y actúan con transparencia, generan confianza. Y la confianza es un activo estratégico en cualquier política de seguridad. Sin ella, no hay denuncia, no hay cooperación y no hay legitimidad.
En contraste, la militarización ha demostrado límites claros. La presencia prolongada de fuerzas armadas en tareas de seguridad pública no ha resuelto las causas estructurales de la violencia y, en muchos casos, ha traído consigo violaciones a derechos humanos, opacidad y normalización de la excepción. Convertir la seguridad en una lógica de guerra desplaza a la ciudadanía y erosiona el Estado de derecho.
Hablar de seguridad ciudadana también implica reconocer las desigualdades. La violencia no se distribuye de manera uniforme: afecta con mayor fuerza a juventudes, mujeres, comunidades empobrecidas y espacios históricamente excluidos. Por eso, una política de seguridad con enfoque de derechos debe ser también una política social: acceso a educación, empleo, cultura, deporte y espacios de cuidado.
Generar ciudadanía es, en sí mismo, una estrategia de seguridad. Cuando las personas se sienten parte de su comunidad, cuando participan, cuando el espacio público les pertenece, la violencia pierde terreno. No es una solución inmediata ni espectacular, pero es la única sostenible.
México necesita dejar atrás la falsa dicotomía entre derechos y seguridad. No son conceptos opuestos. Lo opuesto a la seguridad ciudadana no es la libertad, sino la militarización sin control ni horizonte civil.
Apostar por la seguridad ciudadana es apostar por un país donde la convivencia sea la primera línea de defensa y donde el uso de la fuerza sea siempre el último recurso. Porque la seguridad que perdura no es la que se vigila con armas, sino la que se construye con derechos, comunidad y Estado presente.
