Ciudad de México, 25 de febrero del 2026
La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) colocó sellos de suspensión de actividades en el Parque Lira tras detectar que el espectáculo Alicia en el País de las Maravillas no presentó los permisos necesarios para su realización. El evento, que contemplaba un montaje de luces y adecuaciones en el espacio público, estaba programado para inaugurarse recientemente, pero fue detenido luego de diversas denuncias ciudadanas.
De acuerdo con la autoridad, el espectáculo no contaba con la autorización de la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana, ni con la declaratoria de cumplimiento que debe emitir la Secretaría del Medio Ambiente en materia de patrimonio cultural y posibles afectaciones a áreas verdes. Tras recibir cinco reportes vecinales, personal de la PAOT acudió al sitio para verificar los hechos y solicitó formalmente la documentación correspondiente a la empresa organizadora, Beste Templen, la cual no acreditó los requisitos solicitados.
Ante la omisión, alrededor de las 14:00 horas se colocaron lonas de suspensión en accesos y zonas perimetrales del parque, quedando el procedimiento asentado en el expediente PAOT-2026-722-SOT-205. Habitantes de colonias cercanas calificaron la medida como una “primera victoria”, luego de manifestarse previamente por el cierre del parque y los presuntos daños a jardines y arbolado.
Vecinos como Ángel Ramírez, de San Miguel Chapultepec, cuestionaron la actuación de autoridades locales y señalaron que la alcaldía no presentó los permisos requeridos. En contraste, el alcalde Mauricio Tabe defendió a la empresa organizadora al asegurar que cumplió con los trámites ante la alcaldía y sostuvo que no era necesario un visto bueno adicional en materia patrimonial, ya que —según afirmó— no se intervinieron elementos catalogados. También indicó que la PAOT y el INAH confirmaron que no existía afectación.
El espectáculo tenía previsto presentarse durante tres meses, con boletos de entre 400 y 500 pesos. Mientras continúa la controversia, el caso refleja la tensión entre autoridades, organizadores y vecinos por el uso y conservación de espacios públicos.
