Ciudad de México, 26 de febrero del 2026
El conflicto legal por el predio donde opera el Refugio Franciscano ha generado un escenario financiero adverso para la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama, al poner en riesgo su estabilidad operativa y sus acciones asistenciales. La controversia se centra en la falta de entrega total de un terreno de más de 163 mil metros cuadrados, vendido en 2019 al fideicomiso de Banco Ve Por Más por 650 millones de pesos.
De acuerdo con la institución, desde diciembre enfrenta una penalización mensual de 6 millones de pesos por no formalizar la transmisión completa del inmueble. Además, el fideicomiso mantiene retenidos 100 millones de pesos del monto pactado hasta que se concrete la entrega total del predio, incluidos cinco mil metros cuadrados donde actualmente se ubica el albergue de animales administrado por el Refugio Franciscano.
La fundación explicó que la operación de compraventa fue aprobada por la Junta de Asistencia Privada y notificada oportunamente al albergue. Sin embargo, el litigio en curso ha impedido concluir el proceso jurídico y formalizar plenamente la transferencia del terreno.
En un pronunciamiento, la Junta advirtió que el escenario representa un riesgo significativo para la fundación, debido a posibles incumplimientos contractuales, nuevas acciones legales y los costos operativos derivados del conflicto. La acumulación de sanciones económicas podría afectar la viabilidad financiera de la institución.
La fundación sostuvo que la venta del terreno no fue una decisión discrecional, sino una medida necesaria ante una crisis financiera. Detalló que varios inmuebles de su patrimonio presentan deterioro, invasiones o problemas de adjudicación, además de enfrentar obligaciones fiscales elevadas relacionadas con procesos sucesorios.
Por su parte, el Refugio Franciscano enfrenta tres investigaciones en la Fiscalía General de Justicia por presunto maltrato y crueldad animal, lo que añade complejidad al conflicto. Mientras no se resuelva la disputa legal, la fundación continuará bajo presión económica y jurídica, con repercusiones en su funcionamiento institucional.
