Ciudad de México, 27 de febrero del 2026
La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) emitió su primera recomendación del año, la 01/2026, por violaciones al derecho a la protesta, a la integridad personal de 27 personas y a la seguridad jurídica de cinco más, derivadas de los hechos ocurridos el 5 de septiembre de 2024 durante una manifestación en San Gregorio Atlapulco, Xochimilco. La resolución está dirigida a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la Alcaldía Xochimilco y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
Durante un acto en la Casa del Pueblo “Tlamachtiloyan”, la presidenta del organismo, Dolores González Saravia, subrayó que aceptar y cumplir la recomendación no solo representa una obligación legal, sino también un mensaje político sobre el respeto a los límites que impone la democracia. Señaló que su cumplimiento debe servir para reparar a las víctimas, atender el conflicto y fortalecer las instituciones democráticas, evitando que hechos similares se repitan en futuras manifestaciones.
La primera visitadora, Sofía de Robina, explicó que la protesta fue convocada por la Asamblea General Permanente del Pueblo Originario de San Gregorio Atlapulco, acompañada por colectivos en defensa del territorio. Sin embargo, la movilización fue irrumpida por agresiones de personas ajenas, sin que las autoridades intervinieran oportunamente.
La investigación concluyó que la Alcaldía Xochimilco vulneró el derecho a la protesta al permitir la dispersión de la manifestación, mientras que la SSC incumplió su deber de proteger la integridad de las y los participantes. Además, en la Agencia de Coordinación Territorial de Tlalpan, elementos policiales incurrieron en uso excesivo y desproporcionado de la fuerza contra personas que exigían la liberación de detenidos.
Por su parte, la Fiscalía capitalina fue señalada por no actuar con la debida diligencia, al continuar procesos contra cinco personas detenidas pese a inconsistencias en las detenciones. La recomendación busca establecer responsabilidades y garantizar la protección efectiva de los derechos humanos en la capital.
