Ciudad de México, 27 de febrero del 2026
El Congreso de la Ciudad de México aprobó por unanimidad la minuta de reforma al artículo 123 de la Constitución federal, que establece la reducción de la semana laboral a 40 horas de manera gradual hasta el año 2030. El dictamen, enviado por el Legislativo federal, recibió el respaldo de los 59 legisladores presentes, incluidos representantes del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, pese a que algunos expresaron reservas sobre su implementación progresiva.
La reforma mantiene en su redacción un día de descanso con goce de salario por cada seis días trabajados, en lugar de dos por cada cinco, como proponían algunas voces. Desde Morena, la coordinadora Xóchitl Bravo defendió la medida y destacó los avances en materia laboral durante los gobiernos de la llamada transformación, señalando que el salario mínimo pasó de 88 pesos en 2018 a 315 pesos en 2026, lo que representa un incremento superior al 150 por ciento. También recordó reformas como la democratización sindical, la eliminación del outsourcing, el aumento de vacaciones pagadas y la regulación del teletrabajo.
Por su parte, la diputada morenista Valentina Batres criticó a los gobiernos anteriores del PRI y PAN por no haber impulsado la reducción de la jornada laboral cuando estuvieron al frente del país, al considerar que privilegiaron la contención salarial y las jornadas extensas sobre la justicia social.
Sin embargo, legisladores de oposición cuestionaron que la reducción plena se alcance hasta 2030. El priísta Alejandro García Loria calificó la medida como una simulación, aunque finalmente votó a favor. Desde el PAN, Ricardo Rubio advirtió que la reforma podría afectar tanto a trabajadores como a empresarios, ya que las empresas tendrían que cubrir más horas extras o contratar más personal sin que ello implique necesariamente mejores salarios.
En tanto, Royfid Torres, de Movimiento Ciudadano, acusó a Morena de retrasar otros derechos laborales y sostuvo que la reforma ofrece beneficios diferidos en el tiempo. La reforma ahora forma parte del proceso del Constituyente Permanente, en busca de consolidar un nuevo esquema laboral en el país.
