El gobernador de Nuevo León, Samuel García, vetó la reforma a la Ley en Materia de Delitos Electorales aprobada recientemente por el Congreso local, al considerar que el Poder Legislativo estatal carece de facultades para legislar sobre delitos electorales, una atribución que corresponde exclusivamente al Congreso de la Unión.
A través del documento enviado al Congreso del Estado, el mandatario argumentó que las entidades federativas no pueden establecer disposiciones en una materia cuya regulación corresponde de manera expresa a la Federación. Como respaldo a su postura, citó criterios emitidos previamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en años anteriores invalidó reformas similares aprobadas por legislaturas estatales.
La iniciativa vetada había sido aprobada originalmente el pasado 13 de mayo con el respaldo de las bancadas del PRI y PAN, mientras que diputados de Movimiento Ciudadano y algunos legisladores de Morena optaron por la abstención. La votación fue ratificada nuevamente durante una sesión posterior debido a una corrección técnica en el dictamen.
La propuesta surgió a partir de una iniciativa presentada por el Fiscal Especializado en Delitos Electorales, Gustavo Ruiz Solís, y contemplaba diversas modificaciones orientadas a reforzar las sanciones en materia electoral.
Entre los puntos más destacados se encontraba la prohibición del uso de los llamados “acordeones” o guías de votación durante procesos electorales ordinarios y judiciales. El tema cobró relevancia tras las elecciones del Poder Judicial, cuando surgieron señalamientos sobre la distribución de estos materiales para orientar el voto de los ciudadanos.
Además de este apartado, la reforma buscaba establecer sanciones por el uso de empresas fantasma para justificar gastos de campaña, la simulación de pertenencia a grupos vulnerables con fines electorales, la difusión de calumnias en redes sociales, el acarreo de votantes y la intervención indebida de autoridades en los procesos comiciales.
Las denuncias relacionadas con el uso de “acordeones” durante recientes procesos electorales incluyeron señalamientos contra funcionarios estatales y actores políticos vinculados al gobierno de Nuevo León. Sin embargo, dichos casos fueron posteriormente desestimados por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al considerar que no existían pruebas suficientes para acreditar las acusaciones.
Con el veto del Ejecutivo estatal, el futuro de la reforma quedará nuevamente en manos del Congreso local, que deberá determinar los pasos a seguir dentro del proceso legislativo.
