El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, presentó un informe de 248 páginas relacionado con el juicio político iniciado en su contra por la Comisión Anticorrupción del Congreso local, procedimiento derivado de una denuncia promovida por la dirigente estatal de Morena, Anabel Alcocer.
El documento fue entregado horas antes de que la Comisión sesionara para abordar el caso. En el escrito, el mandatario manifestó su postura sobre el proceso legislativo y señaló que comparece “en rebeldía, bajo protesta y ad cautelam”, términos con los que expresó su inconformidad respecto al procedimiento.
Durante una sesión de menos de 20 minutos, los integrantes de la Comisión Anticorrupción recibieron el informe y acordaron remitirlo a la Diputación Permanente para que, a través de la Unidad de Transparencia, se elabore una versión pública que garantice la protección de datos personales.
La presidenta de la Comisión, Armida Serrato, informó que además de exponer sus argumentos, el gobernador solicitó la designación de un defensor público adscrito al Instituto de la Defensoría Pública del Estado para que lo represente dentro del procedimiento.
La legisladora explicó que en el escrito también se advierten cuestionamientos del mandatario sobre la legalidad y fundamentos de la denuncia presentada en su contra, así como observaciones relacionadas con el desarrollo del proceso legislativo.
Serrato adelantó que la Comisión volverá a sesionar el próximo viernes con el objetivo de iniciar formalmente la etapa de investigaciones y diligencias. Entre las acciones previstas se contempla solicitar información a dependencias estatales y federales, además de analizar la posible comparecencia de empresas relacionadas con la presunta triangulación de recursos señalada en la denuncia.
La presidenta de la Comisión consideró que el plazo permitirá a los diputados revisar el contenido del informe antes de continuar con el procedimiento.
A diferencia de la primera reunión del órgano legislativo, en esta ocasión participaron los diputados de Morena, Mario Soto y Rodrigo Montemayor, así como la legisladora del Partido Verde Ecologista de México, Claudia Chapa.
La remisión del informe fue respaldada por legisladores del PRI, PAN y Morena. Claudia Chapa se abstuvo de votar, mientras que Sandra Pámanes, de Movimiento Ciudadano, emitió su voto en contra.
