Autoridades de Nuevo León y el colectivo Resistencia Civil Regiomontana acordaron instalar mesas de trabajo permanentes para fortalecer el diálogo ciudadano y construir propuestas relacionadas con la movilidad, la accesibilidad y el transporte público en la entidad.
Los encuentros serán coordinados por la Secretaría de Participación Ciudadana y contarán con la participación de representantes de la Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana, el Instituto de Movilidad y Accesibilidad, Metrorrey y miembros de la organización ciudadana.
El acuerdo se alcanzó durante una audiencia pública realizada en la Escuela Adolfo Prieto, donde integrantes del colectivo presentaron diversas propuestas para mejorar el funcionamiento del sistema de transporte, además de solicitar mayor transparencia en la información relacionada con su operación y administración.
Como parte del seguimiento, el Instituto de Movilidad y Accesibilidad celebrará una primera mesa de trabajo, prevista tentativamente para el 3 o 4 de agosto, en la que podrán participar hasta diez representantes del colectivo para exponer y analizar sus planteamientos con las autoridades.
Durante la reunión también se presentaron las plataformas oficiales de consulta de información pública y se explicó el funcionamiento de las herramientas digitales disponibles para acceder a datos financieros, presupuestarios y programáticos del sistema de movilidad. Asimismo, previamente se impartió una capacitación al colectivo sobre obligaciones de transparencia, mecanismos de búsqueda y acceso a la información gubernamental.
Las autoridades informaron que trabajan en los procesos necesarios para hacer público el estudio técnico relacionado con las tarifas del transporte público, documento que será presentado durante las próximas mesas de diálogo.
La Secretaría de Movilidad, el Instituto de Movilidad y Accesibilidad y Metrorrey reiteraron su compromiso con la rendición de cuentas y el acceso a la información, al tiempo que anunciaron que las reuniones tendrán una periodicidad bimestral para dar seguimiento a las propuestas ciudadanas y fortalecer la colaboración entre gobierno y sociedad en la construcción de políticas públicas que beneficien a las personas usuarias del transporte.
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